Una treintena de activistas, artistas y académicos exigieron un alto el fuego en Ostula, Michoacán, y urgieron la intervención del Estado para garantizar la seguridad de esta comunidad indígena.

Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan; Gonzalo Ituarte, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y el actor Daniel Jiménez Cacho, alertaron que en los últimos meses “se ha agudizado la violencia por el intento de los cárteles de tomar uno de los poblados que integran la comunidad, pero en esta semana se denunció la brutalidad de las agresiones”.

Enfatizaron que las acciones que el Estado emprenda para garantizar la seguridad deben ser en coordinación con las autoridades indígenas de la comunidad nahua, evitando la criminalización de sus derechos y con pleno respeto a los convenios internacionales en la materia.

En el documento, suscrito también por el antropólogo Gilberto López y Rivas, el académico Francisco López Bárcenas y la reportera Blanche Petrich, colaboradores de esta casa editorial, así como la poeta zapoteca Irma Pineda Santiago, señalaron que los habitantes de la comunidad han vivido un proceso de lucha en el que han sido asesinadas 42 personas, entre ellas un niño de 12 años que murió a manos de militares en 2015 durante un operativo para detener a quien en ese momento coordinaba la guardia comunal. Mencionaron que desde 2009 la comunidad indígena recuperó su territorio ancestral de los grupos del narcotráfico “que lo tenían tomado”.

Resisten la intromisión del crimen organizado

Sin embargo, acusaron, por años la situación ha sido muy tensa, ya que la asamblea comunitaria indígena, en ejercicio de su autonomía, toma las decisiones de lo que ocurre en su territorio y con la guardia comunal han logrado resistir la intromisión del crimen organizado.

Los activistas resaltaron que Ostula es una comunidad de refugio para familias que tienen que salir desplazadas por la violencia en la región, también han desarrollado planes para el manejo de su territorio que involucran proyectos productivos como el de cultivar papayas y de protección al medio ambiente para la tortuga, que desova en sus playas.

Los habitantes de la comunidad ubicada en el municipio de Aquila, denunciaron que desde el pasado primero de julio son atacados con explosivos por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

En febrero pasado un grupo armado de aproximadamente 50 sujetos quemaron una vivienda de la localidad La Cofradía, donde se ubica la encargatura del orden.

La violencia continuó en los días siguientes y ante los embates del crimen organizado, la comunidad indígena se vio obligada a suspender actividades públicas, incluso las clases en las escuelas, para resguardar a sus habitantes.