El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias empezará a funcionar el próximo martes, para lo cual, por medio de una plataforma electrónica, los tribunales de lo familiar en el país suministrarán la información sobre las personas que han incumplido con su responsabilidad de garantizar el sustento a niños, adolescentes y cónyuges, informó Alejandro Cárdenas, director de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Como parte del informe de labores del organismo presentado ayer, recordó que dicho registro se creó el 8 de mayo de 2023 con la reforma a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, mediante el cual se busca abatir las deudas alimentarias.

Las personas que se encuentren en esta situación de incumplimiento de sus obligaciones familiares no podrán vender bienes ni obtener licencias para conducir. Tampoco se autorizarán pasaportes a su nombre ni podrán aspirar a cargos de elección popular o a formar parte del servicio público.

El SNDIF también tiene la responsabilidad de emitir los certificados de no inscripción en el registro.

Ayer empezó el segundo Encuentro Nacional de Sistemas Municipales DIF en Nayarit, donde los titulares de las diferentes áreas del organismo presentaron sus informes de actividades.

El director de Asuntos Jurídicos también comentó sobre el proyecto de ley para personas y grupos de atención prioritaria, que se elaboró en el DIF y se entregó a la Secretaría de Salud para su revisión; con dicha norma se pretende abrogar el régimen de asistencia social actual, que se basa en la caridad y la filantropía. Con una nueva legislación, dijo, se busca un mecanismo que mire y escuche a los excluidos como sujetos de derecho.

Plantea ampliar la población objetivo de la asistencia social para incorporar a todos los tipos de familia y que el sistema jurídico nacional reconozca el derecho de todas las personas a fundar y vivir en éstas.

También propone la instauración de mecanismos de consulta pública y encuestas municipales como punto de partida para el diseño de programas públicos, así como la creación de las procuradurías para personas con discapacidad y para adultos mayores.