Casi una década después, la interrogante por el paradero de los normalistas de Ayotzinapa sigue abierta, y a tres meses de que concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, las familias de los 43 jóvenes desaparecidos de manera forzada mantienen firme su exigencia: verdad y justicia.

Ayer, el mandatario federal recibió en privado a los padres para ofrecerles los avances que –a juicio de sus colaboradores– hay en las indagatorias sobre los crímenes contra los estudiantes. Aunque al salir del encuentro, las familias consideraron que no hay pasos sustanciales.

Entre los avances, las autoridades destacaron las conclusiones de un nuevo análisis genético realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) a varios restos encontrados en 2015 en Cocula, Guerrero, los cuales no coinciden con el ADN de los jóvenes.

Al final de la reunión realizada en Palacio Nacional, la cual se prolongó por casi tres horas, el grupo mayoritario de padres manifestó sorpresa por que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, perteneciente a la FGR, haya efectuado dichas pruebas de ADN sin escuchar su negativa a aceptarlas, al no seguir los protocolos reclamados, como el que los restos fueran valorados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Eran restos que ya estaban ahí (en la FGR), de los cuales hubo una polémica; incluso algunos son unas petrosas que se encontraron en el basurero de Cocula y que los expertos argentinos ya habían dicho que no tenían materia susceptible para extraer ADN, y por tanto no se revisaron, aseveró Vidulfo Rosales, abogado del grupo mayoritario de las familias de los normalistas.

Fue el segundo cónclave con el mandatario en este año, donde hizo dos compromisos, según los asistentes: el lunes les entregará un informe detallado y el día 29 habrá una reunión con Claudia Sheinbaum, lo que será su primer encuentro con la próxima mandataria, a fin de que las indagatorias trasciendan el sexenio.

En entrevista al término de la reunión, Rosales manifestó que esperan que la virtual presidenta electa pueda escuchar de los familiares cuáles son los pendientes y exprese su compromiso “de que va a dar seguimiento al caso y a tener una centralidad importante en su gobierno (…) Nuestras diferencias en la recta final del sexenio, en que las líneas (de investigación) fundamentales no han avanzado”.

Detalló que sus principales demandas, a casi 10 años de la desaparición de los jóvenes, en septiembre de 2014, son la entrega de los 800 folios de información del Ejército –que reclaman desde hace tiempo– para que un grupo externo de expertos los revise.

De igual manera, exigen las extradiciones del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, prófugo en Israel, y de Ulises Bernabé, juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche del 26 de septiembre de 2014.

Asistentes al encuentro señalaron a La Jornada que en el informe del Ejecutivo se buscará excusar al Ejército de haber participado en la desaparición forzada de los 43 normalistas. En esta ocasión fue evidente la división de dos grupos de padres, la cual comenzó hace tiempo, pero se agudizó con la llegada del nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

El grupo mayoritario, representado por los centros Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, y otro que fue acompañado por Felipe de la Cruz, ex vocero y quien hace tres años compitió por una diputación bajo las siglas de Morena.