Madrid. Dos hermanas, de 64 y 54 años, decidieron quitarse la vida tras lanzarse al vacío desde una ventana de su vivienda en Barcelona unas horas antes de ser desalojadas por orden de un juez, que decidió la ejecución de su desahucio a petición del propietario y después de dos años de no pagar la renta.

El año pasado se efectuaron un total de 19 mil 332 desalojos, tanto en régimen de arrendamiento como por impago de hipoteca, de los cuales la mayoría fueron en Cataluña, que es la comunidad autónoma con mayor concentración de este tipo de acciones judiciales.

El hecho se registró de madrugada, cuando el resto de los vecinos dormían. Las dos hermanas decidieron lanzarse al vacío desde una ventana de su propia casa que colindaba con el patio interior de una vivienda situada en el popular barrio de Sant Andreu.

Las mujeres vivían en un departamento alquilado propiedad de un particular, en el que únicamente constaba que era habitado por una de ellas, y era la tercera subrogada en la vivienda. El propietario del inmueble presentó la demanda en mayo de 2023 luego de dos años de impago (desde marzo de 2021) por los que se le adeudaban 9 mil euros, según indicaba la orden de ejecución autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Deudas afectan a miles de familias

A pesar de que los lanzamientos judiciales no se encuentran en las cifras más altas –las cuales se registraron en los peores años de la crisis económica que comenzó en 2008 y se prolongó más de un lustro–, este problema todavía afecta a miles de familias, la mayoría de ellas vulnerables.

El gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la entonces izquierda de Podemos y ahora de Sumar, se comprometieron a acabar con esta situación, pero lo único que han conseguido fue una ligera baja en los índices de desalojos, en gran parte derivada de la mejoría de la situación económica.

Solamente el año pasado se registraron alrededor de 71 desalojos por día, en promedio, ligeramente menos que en 2020, cuando el promedio fue de 81, media que subió a 114 en 2021 para volver a bajar ligeramente en 2022 hasta 106.

En 2023 la cifra total ascendió a 19 mil 332, de las cuales más de 28 por ciento se ejecutaron en Cataluña, que es la comunidad autónoma con el mayor número de incidentes de este tipo.