La directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taissia Cruz Parcero, señaló que una de las principales preocupaciones de la nueva reforma al Poder Judicial es que se eliminaría lo más valioso: la carrera judicial. Se deja de lado la relevancia, el trabajo que ha costado construir un servicio civil de carrera que precisamente tiene por objeto ir formando personas.

La titular del organismo dependiente del Poder Judicial de la Federación (PJF) es magistrada, jurista egresada de la UNAM y tiene 33 años de carrera dentro de dicho órgano encargado de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que no puedan contratar servicios de defensa legal privada.

Indicó que casi 50 por ciento de las mil 700 personas que son juezas y magistradas ingresaron al PJF como oficiales judiciales (mecanógrafas). Somos personas que simplemente nos fuimos abriendo camino en un sistema de carrera que efectivamente reconoce el esfuerzo, el estudio, la dedicación y vocación por el servicio.

En entrevista con La Jornada opinó que la iniciativa presidencial se inserta en un contexto muy tenso en la relación entre los poderes Ejecutivo y particularmente el Poder Judicial de la Federación, y entonces, no se presenta un nuevo modelo integral que tenga por objetivo reforzar aquello que hay que reforzar o corregir, siempre pensando en los derechos de las personas, de la sociedad. En este escenario vemos esta iniciativa con mucha preocupación, no encontramos una explicación de porqué con todos los problemas que puede tener el Poder Judicial y todas las justicias o judicaturas locales, un modelo de elección por medio del voto popular va a superar todos estas dificultades.

Comentó que los principales pendientes en el sistema de justicia no están en el PJF, sino en las fiscalías y policías, quienes en su mayoría no integran carpetas de investigación adecuadas o realizan detenciones arbitrarias.

Insistió en que los altos índices de impunidad no tienen que ver con las decisiones de los jueces, pues a casi 16 años de aprobada la reforma constitucional y a ocho del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, las fiscalías nos deben en capacitación, en mejorar incluso el ingreso de sus trabajadores. Las fiscalías locales carecen de recursos humanos, económicos, de posibilidades para mejorar el trabajo que hacen, de investigaciones más técnicas respetuosas siempre de los derechos humanos.

“Lo que hemos visto a nivel federal, y ha señalado el Poder Ejecutivo, es que hay cada vez más decisiones de magistrados y jueces federales que dicen: ‘no voy a tolerar una detención ilegal, no voy a tolerar una intromisión a un domicilio sin orden de cateo’, y eso refleja las debilidades de la propia fiscalía general que, en lugar de hacer investigaciones con mayores recursos de inteligencia, pues se pretende cubrir con actuaciones ilegales. ¿De qué manera todo esto se va a mejorar porque quién ocupe el cargo, sea electo por voto popular?”

La funcionaria apuntó que es absolutamente falsa la idea de que juezas y magistradas federales tienen sus puestos por amiguismo o recomendación, pues participaron en un concurso de oposición que consisten en tres etapas y un examen oral, los cuales quedan grabados. Incluso son convocatorias que se publican en el Diario Oficial de la Federación”.

No obstante, consideró que una persona que ingrese al PJF sin experiencia, entrenamiento o conocimiento, no garantizará decisiones apegadas al debido proceso, a la presunción de inocencia, al respeto de los derechos de todas las partes, no solamente de los imputadas sino también de las víctimas.

Sobre la creación de un tribunal de disciplina integrado también por magistrados elegidos por voto popular como propone la iniciativa, dijo que generaría más riesgos para la independencia judicial que soluciones.