a jueza Baloísa Marquínez absolvió por falta de pruebas a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo conocido como Panama Papers, Papeles de Panamá. Debe recordarse que en 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló las identidades de miles de ultrarricos que usaron los servicios de ese despacho para ocultar sus fortunas, evadir impuestos y, en muchos casos, esconder el origen ilícito de sus recursos. Además de celebridades, quedaron expuestos gobernantes y funcionarios de todo el mundo, como los entonces mandatarios de Argentina, Reino Unido, Arabia Saudita y Ucrania, así como ex dirigentes de Iraq, Jordania, Sudán y otros.

El desenlace provisional del escándalo recuerda la deplorable tolerancia social hacia los evasores fiscales. No sólo la monarquía saudita se mantiene intacta y las autoridades de Kiev usan la guerra con Rusia para encubrir su corrupción y la de sus antecesores, sino que Cameron (primer ministro salpicado por el caso) volvió al gobierno británico y el ex presidente argentino Mauricio Macri ejerce un enorme poder en la administración de Javier Milei, quien depende por completo de su antecesor para tramitar cualquier iniciativa en el Congreso.

Con el cinismo que caracteriza a los abogados de millonarios, la defensa de Fonseca lamentó el estigma que queda detrás de todas las personas que fueron enjuiciadas y la muerte civil que, asegura, padecieron los acusados. Asimismo, calificó al esfuerzo de concientizar al público acerca del carácter intrínsecamente corrupto del neoliberalismo como un capricho que acabó con la plataforma corporativa panameña. Con estas declaraciones, y acaso sin darse cuenta, la abogada Daika Indira Levy reconoció que la práctica totalidad de la vida empresarial de la nación canalera se basaba en legalizar los métodos de rapiña proscritos por la mayoría de los estados: basta señalar que antes de los Panama Papers la evasión fiscal ni siquiera estaba tipificada como delito en el país. En México y muchos otros territorios se replicaba esta amistad con los crímenes de cuello blanco: hasta la llegada del actual gobierno federal, no se consideraba a esta forma de robo un delito grave.

Las consecuencias han sido desproporcionadamente pequeñas en comparación con el daño que Mossack Fonseca y sus clientes infligieron a cientos, acaso miles, de millones de personas. Es cierto que varios altos funcionarios se vieron forzados a dimitir y algunos fueron condenados, pero está claro que la connivencia o la propiedad directa de los magnates sobre los grandes medios de comunicación impidió que las sociedades conocieran y comprendieran a cabalidad el significado de las revelaciones, cuyo fondo es la naturaleza depredadora del capitalismo, el origen ilícito de una buena parte de las grandes fortunas y la destrucción de derechos humanos como la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda, las pensiones, y muchas otras prestaciones sociales desfinanciadas por el desvío sistemático de dinero a paraísos fiscales.

No puede subestimarse el servicio informativo brindado a la ciudadanía global por quienes trabajaron para exponer las redes que facilitan la corrupción y la evasión fiscal, pero tampoco es posible soslayar la alarmante normalización de las prácticas corruptas y el fraude a la hacienda pública, por lo que es necesario proseguir la labor de comunicar la ubicuidad de estas conductas y, sobre todo, sus atroces consecuencias sobre los derechos de la población.