El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, defendió ayer su labor ante críticas de legisladores que lo señalaron de replegar al organismo y de tener una pésima gestión.

Lo que se está practicando es una fiscalización imparcial, aseguró al entregar de manera virtual a la Cámara de Diputados el primero de tres informes parciales de la fiscalización de la cuenta pública 2023, y afirmó que los señalamientos en su contra tienen motivaciones políticas.

Esta entrega incluye 68 informes individuales de auditoría, equivalentes a 3 por ciento de las 2 mil 258 auditorías con las que se revisará la cuenta pública 2023, correspondiente al quinto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La ASF encontró probables irregularidades pendientes de aclaración por 536 millones de pesos, de los cuales 457 millones corresponden a gasto federalizado ejercido por estados y municipios. Los dos informes restantes se presentarán en octubre y febrero próximos.

El tema es que siempre que hay cambios de gobierno se ha intentado a veces politizar nuestro trabajo, utilizarlo como tema de propaganda política y finalmente los resultados van a quedar, dijo Colmenares, quien no compareció en persona ante los legisladores por acuerdo de la comisión.

La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, criticó a Colmenares por no presentarse en la Cámara de Diputados y por lo que calificó como una pésima gestión en la ASF.

Ha demostrado una total falta de respeto y compromiso con las obligaciones legales de la ASF, repetidamente ha faltado a la Cámara de Diputados para entregar los informes de la fiscalización, evadiendo a la Comisión de Vigilancia, aseveró la legisladora. Este desprecio por el cumplimiento de las normativas establecidas socava aún más la confianza en la ASF.

René Figueroa, también del PAN, acusó a Colmenares de haber permitido el repliegue de la ASF y de haber cesado a los auditores Muna Dora Buchahin –ex titular de la Dirección General de la Auditoría Forense del organismo y quien descubrió la trama de la estafa maestra para luego ser destituida de su cargo en mayo de 2018– y Agustín Caso Raphael, destituido en abril pasado, un mes después de que ante diputados reconoció que la ASF bajó de la cuenta pública 2022 la evaluación de la política educativa.

En la cuenta pública de 2019, Caso Raphael calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero ante las críticas del presidente López Obrador, la auditoría afirmó que el auditor cometió un error y lo dio de baja.

La diputada de Morena Inés Parra Juárez criticó que la entrega del informe se trató de un acto extremadamente restringido a la libre participación de legisladores.

Por su parte, a nombre de Morena, el diputado Daniel Gutiérrez reconoció el trabajo de Colmenares y su equipo. Dijo que quienes están con el gobierno de López Obrador somos los primeros en cuidar que el dinero se use bien y que si existen fallas, que la ASF las señale para corregir.