En rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, un grupo de trabajadores sindicalizados cerró los 17 tribunales laborales federales, localizados en la carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan, como parte de un paro de 24 horas.

En estas instalaciones los magistrados resuelven los conflictos individuales y colectivos, así como asuntos de gran importancia de empresas nacionales y extranjeras, entre ellos emplazamientos a huelga, recuentos y titularidades de contratos colectivos de trabajo.

Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial, señaló que de avanzar la enmienda en la materia existe el riesgo de que las plazas sindicalizadas las conviertan en de confianza, además habría un recorte presupuestal que afectaría inevitablemente el salario de los trabajadores y sus derechos adquiridos.

Por ello, exigieron el cumplimiento del derecho laboral, que los jueces y magistrados sean electos, no por voto popular, sino por carrera judicial, y el respeto a la autonomía e independencia del PJF.

Ante el paro de labores, Rafael Carlos Quesada García, juez de distrito y coordinador de los tribunales laborales federales de asuntos individuales del primer circuito, señaló en la circular 01/2024 que se declaró este miércoles como inhábil a fin de que no corran los plazos procesales, pero seguirán laborando a distancia, cada tribunal laboral emitirá ligas de acceso a las audiencias que puedan llevarse a cabo.

Anotó que si bien los jueces de los tribunales laborales federales respetan las manifestaciones pacíficas, la Ley Federal del Trabajo “nos da elementos para que las labores jurisdiccionales se puedan realizar de manera no presencial.

Fue hasta después de la seis de la tarde cuando informó que las instalaciones ya se encontraban libres para reanudar las labores jurisdiccionales presenciales. “Las instalaciones estarán abiertas con normalidad los demás días (a menos que exista alguna situación diversa y extraordinaria).

Prado insistió en que la iniciativa de reforma judicial busca someter al PJF, acabar con su independencia y hacer ineficaz la carrera judicial.

Agregó que con la elección de jueces mediante el voto popular nuestros empleos estarán en grave riesgo, ya que –indicó– es previsible que quienes lleguen por esa vía tendrán compromisos de muchos tipos que deberán cumplirse mediante puestos de trabajo.