El instrumento que garantiza que México haga patente su tradición humanitaria de otorgar refugio a personas que huyen de diversos tipos de violencia, amenazas y persecución en su países de origen, sobre todo de Centroamérica, Venezuela y Haití, se encuentra abandonado a su suerte.

Ante la incapacidad de la Secretaría de Gobernación (SG), desde hace casi cuatro semanas la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de instalaciones en la Ciudad de México y sus labores están prácticamente detenidas, generando sobre todo que la dependencia no cumpla con su principal objetivo: la atención a las personas solicitantes de protección internacional. Al respecto, se solicitó una posición a la SG, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Diversas fuentes vinculadas a las labores de esta instancia señalaron que ante el fracaso para concretar la mudanza de la sede central, de la colonia Juárez a la Verónica Anzures, ahora el equipo de Luisa María Alcalde, titular de la SG –de la que dependen la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM)–, analiza la posibilidad de llevarla a un punto periférico de la capital cercano a un reclusorio, de difícil acceso, inseguro y sin la infraestructura para la atención requerida.

A ello se suma que desde que llegó la funcionara a la SG, el 19 de junio de 2023, el número de tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH) que el INM entrega a los solicitantes de refugio y extranjeros víctimas de delitos en México, ha disminuido drásticamente. De llevar una tendencia de más de 10 mil mensuales, entre enero y septiembre de ese año, en los meses siguientes pasó de 6 mil 699 a 888, en abril de 2024.

Todo ello contrasta con el mensaje que la propia Alcalde emitió en el marco del Día Mundial del Refugiado, el jueves pasado, en el que afirmó que en México esas personas son bienvenidas, entre vítores de ¡vivan los refugiados!, y al asegurar que el país cuenta con una política solidaria, de puertas abiertas.

Las personas consultadas expusieron que el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto sobre la mesa opciones de posibles sedes para la Comar a la titular de Gobernación, quien ante las presiones para que la dependencia dejara la colonia Juárez, optó por la Verónica Anzures, sin calcular las reacciones vecinales ni la respuesta del alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, que frenaron el traslado.

La funcionaria no pudo sostener su decisión porque vecinos de varias colonias de dicha alcaldía y otros grupos de presión identificados como cercanos a Tabe se opusieron con expresiones y actitudes xenófobas y aporófobas.

Atención en la periferia

Una primera señal de que se quiere alejar a la comisión de la ciudad es que desde febrero pasado la Comar abrió una oficina en San Luis Tlatilco, Naucalpan, donde las personas necesitadas de protección internacional se tenían que trasladar para registrarse con el fin de solicitar cita en las oficinas de la Juárez.

Ese lugar, dijeron las personas consultadas, es una bodega de Gobernación, carente de infraestructura, de difícil acceso y donde debido a la inseguridad sólo se atendía de 9:30 a 11:30 de la mañana.

Anahí Ruelas, abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública, y Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochan, aseguraron que la reubicación obstaculizaría a los migrantes el acceso a los servicios que ofrece y representaría una violación directa a su derecho humano de solicitar y recibir refugio.

Recordaron que muchos solicitantes llegan en núcleos familiares con niños y bebés, carecen de los recursos para trasladarse y no conocen la ciudad, lo que implica un desgaste humano y económico que desincentivaría que continúen con sus trámites.

La delegación de la Comar en la capital del país, con alrededor de 170 empleados, es la segunda en importancia por la cantidad de solicitudes que recibe anualmente, sólo detrás de Tapachula, Chiapas, donde se concentra el mayor número de trámites por su ubicación fronteriza. Del trabajo de la oficina en la Ciudad de México además dependen los procesos de 20 entidades del país.

Cifras oficiales muestran que entre enero y mayo de 2024, un total de 36 mil 860 personas tramitaron refugio en México; de éstas, 23 mil 838 lo hicieron en Tapachula y 6 mil 499 en la Ciudad de México. Sin embargo, las citas llevan frenadas desde el 25 de mayo, y el personal de la dependencia se ha visto obligado a trabajar desde casa o cualquier otro sitio donde pueda acomodarse, como cafeterías.

Con el cierre de las oficinas en la capital se han suspendido los procesos para iniciar la solicitud de refugio no sólo directamente en la sede, sino incluso para los que llegan vía aérea y necesitan hacer esta petición; hay retraso además en los tiempos para resolver si se admite o no la condición de refugiado –que ya de por sí puede durar hasta seis meses–, y se afecta la reunificación familiar.

Las personas que atiende la Comar plantean casos de violencia en sus lugares de origen, como amenazas de pandillas, reclutamiento forzado, violencia de género contra las mujeres y de agresiones hacia integrantes de la diversidad sexual, que ponen en riesgo su vida, libertad o seguridad en caso de regresar a su país.

Históricamente, México es reconocido en el ámbito internacional por su política de asilo y refugio que por años fue una tradición. Aunque, ante el tamaño del fenómeno migratorio en años recientes, las autoridades se han visto rebasadas. En 2013 se presentaron ante la Comar apenas mil 295 solicitudes para acceder a la condición de refugiado, mientras en 2023 se registraron 140 mil 854.

En ese marco, señalaron las fuentes consultadas, en México se ha dado una falta de capacidad de las autoridades para resolver la situación, y la Comar se ha convertido en la única alternativa migratoria ante la inacción del INM. Este órgano encabezado por Francisco Garduño, responsable de la política migratoria, ha endosado toda la carga a la comisión, cuando por ley le corresponde proporcionar los documentos de regulación migratoria.

Discurso Anti-Comar

Agregaron que el rechazo de los vecinos de la colonia Juárez y de otros sitios donde se han instalado campamentos de migrantes, llevaron a responsabilizar exclusivamente a la Comar de la presencia de extranjeros en las calles, generando una especie de visión anti-Comar, cuando se trata de un espacio relevante en el espectro institucional de la política de refugio.

Esa visión se viene abajo con los resultados de un censo de hace unas semanas por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina y la Comar, obtenido por vecinos a través de transparencia, que arrojó que en los seis campamentos que había en las calles de la Ciudad de México– santuario para migrantes reconocido en la Constitución local–, hasta mayo pasado habitaban mil 511 personas, y la mayoría estaba de paso para seguir rumbo al norte, mientras 25 tenían un trámite ante la Comar y 49 deseaban iniciarlo.