Santiago. Desde que en febrero de 2019 Sebastián Piñera, quien fue presidente de Chile y falleció este año, se apersonó en Cúcuta, Colombia, a alentar el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones entre ese país y Venezuela han venido cuesta abajo en la rodada y no cesan de empeorar.

En aquella visita a la frontera colombo/venezolana, embaucado por el gobernante Iván Duque y que resultó en fiasco, Piñera pronunció palabras mencionando a Maduro que encendieron el encono.

No dejo de preguntarme ¿cómo una persona puede tener tanta ambición, estar dispuesto a causarle tanto dolor y sufrimiento a su pueblo por el sólo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece?

Esas y otras palabras dichas previamente –vamos a seguir recibiendo venezolanos–, condujeron a que en Chile residan 500 mil venezolanos, de los cuales 150 mil no tienen papeles, la colonia extranjera más numerosa. En esa diáspora ingresaron también personas señaladas como maleantes, unos 20 mil se estima, incluida la mafia conocida como Tren de Aragua –algunos de cuyos integrantes fueron condenados anteayer a 99 años de presidio–, autores de una secuela de ejecuciones y secuestros.

El deterioro de los vínculos perjudica a Chile en su intención de expulsar indocumentados y delincuentes porque Venezuela no colabora, por ejemplo, en coordinar vuelos con repatriados.

En enero de 2024 el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a Caracas para firmar un acuerdo de colaboración que permitiera “seguir trabajando para desarticular a las organizaciones criminales de carácter transnacional.

Pero esos fines fracasaron la madrugada del miércoles 21 de febrero, cuando cuatro sujetos, fingiendo ser policías, sacaron a la fuerza desde su departamento en Santiago al disidente y refugiado ex teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno.

Diez días después, su cadáver fue hallado bajo un bloque de cemento a 1.4 metros de profundidad, en un precario al poniente de Santiago; la policía detuvo a un menor de 17 años, venezolano, indocumentado en el país, por su conexión con el homicidio, y se judicializaba a otros dos como autores materiales, quienes huyeron subrepticiamente a Venezuela, sobre quienes la fiscalía ha solicitado información.

En abril, el fiscal chileno a cargo del caso, Héctor Barros, afirmó que se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio desde Venezuela, al Tren de Aragua.

Venezuela reaccionó por boca de su fiscal general Tarek William Saab, quien denunció la participación de agentes chilenos en una operación de falsa bandera, un falso positivo (...) Se trata de una operación (...) que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela.

El creciente impasse involucra también al actual presidente chileno Gabriel Boric, quien en varias ocasiones criticó al gobierno de Maduro, la más reciente hace unos días, cuando dijo que “en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas.

”Me parece absolutamente evidente, 7 millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto”, agregó.

Desde Caracas, la respuesta vino por cuenta del diputado Diosdado Cabello, quien afirmó: “este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país. (…). No tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país, porque es un flojo, respete a Venezuela, no se meta en los asuntos internos de Venezuela”.

Recriminaciones van y vienen, mientras la controversia estanca la investigación de aquel asesinato.