Entre sueldos, prestaciones de ley y seguridad social, pagos por riesgo que se dan algunos funcionarios –como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, sumados a seguros y fondos de ahorro, el salario de cada empleado del Poder Judicial de la Federación (PJF) costará a las finanzas públicas un millón 31 mil 382 pesos en promedio este año.

Cada remuneración neta de las 55 mil 205 plazas reportadas por el PJF en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 tendrá ese costo –ya descontados los impuestos que en teoría vuelven a la hacienda pública– sólo en el nivel federal. Esto en un país que se ubica como el sexto más impune de América Latina, de acuerdo con un reporte de Eurasia Group.

Muy por encima de la media, los ministros de la SCJN cuentan con remuneraciones anuales que alcanzan 3 millones 793 mil 644 pesos libres de impuestos, y aún más altas son las de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 3 millones 821 mil 230 y 3 millones 836 mil 335 pesos, respectivamente, de acuerdo con datos del PEF.

Sumados a ellos se encuentran los costos de los poderes locales. Los tribunales de justicia de Chihuahua y Morelos, así como el Poder Judicial de la Ciudad de México son los que más proporción consumen de su presupuesto público. Sin embargo, en ningún nivel se cuenta con indicadores de desempeño –como seguimientos al actuar de jueces– que garanticen que cada peso del erario gastado en sus remuneraciones sirve para dar justicia y no para acosar o atacar a ciudadanos.

Parte del debate permanente que se ha tenido en los últimos años entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial partió de las remuneraciones. La política de austeridad que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que meses antes de que asumiera funciones fue impulsada en el Congreso, encontró un muro en la SCJN.

Los derechos adquiridos por trabajadores del Poder Judicial y organismos autónomos han logrado dar la vuelta al precepto que impulsó el Ejecutivo federal, y se reforzó durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, como ha documentado este medio, la burocracia dorada también se ha mantenido en organismos de la banca de desarrollo o en empresas productivas del Estado, que están más cercanos al Ejecutivo.

De acuerdo con datos del PEF sobre el costo anual por plaza en el PJF, en la Corte se desglosaron 3 mil 515 millones 402 mil 674 de pesos para el pago de 3 mil 744 plazas, que incluyen desde ministros hasta decenas de técnicos en alimentos.

El CJF detalló las remuneraciones de 49 mil 897 puestos, para los que se documentó una necesidad presupuestal de 50 mil 911 millones 127 mil 894 pesos. Y en el TEPJF se desglosó la justificación de mil 774 millones 950 mil 399 para salario, prestaciones y beneficios adicionales de mil 564 trabajadores.