Madrid. El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, decidió abrir un juicio penal por los delitos de cohecho en grado de continuidad y de revelación de descubrimiento y revelación de secretos contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y su ex presidente, Francisco González, a quien señala como el responsable de la contratación del ex comisario de policía José Manuel Villarejo para realizar diversos actos de espionaje y acoso entre 2004 y 2016.

En la investigación se recopilaron pruebas y testimonios sobre las técnicas y métodos violentos de Villarejo, utilizados para amedrentar y coaccionar a otros empresarios o banqueros de la competencia, así como para intentar silenciar a periodistas.

El ex comisario Villarejo es un oscuro personaje que durante varias décadas se convirtió en el responsable de las tramas más graves de espionaje y corrupción en las grandes multinacionales españolas y de la administración pública. Él, consciente de que casi siempre estaba vulnerando la legalidad, grababa todas las conversaciones que mantenía con sus clientes. De su archivo personal han salido audios relacionados con las tramas de corrupción del rey emérito español, Juan Carlos de Borbón; de la financiación irregular del Partido Popular (PP), o de las prácticas empresariales presuntamente ilegales de empresas como Iberdrola, BBVA o Telefónica.

En el auto del juez español, de 268 páginas, se pone fin al llamado periodo de la instrucción y propone juzgar, además de a BBVA y a González, a otras 12 personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. Además, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra 11 investigados.

El grueso de la pesquisa se basa en un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se relata que el inicio de los hechos surgió con la contratación en BBVA del que fuese comisario de policía, Julio Corrochano, en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, según el auto, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Según el relato del auto, conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo Cenyt, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo, lo que él mismo, dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo.

El auto detalla todos los encargos realizados por la entidad, así como los pagos efectuados al Grupo Ce-nyt y señala que a lo largo de varios de los años investigados, BBVA fue el principal cliente de la empresa de Villarejo. El magistrado considera acreditado que los investigados eran conscientes de que con dichos contratos se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al contratar con una estructura societaria dirigida por un policía en activo que recababa los datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales en activo, así como obteniendo accesos ilegales a ficheros reservados.