La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, informó que en 2023 se recibieron 8 mil 52 expedientes de queja en agravio de 11 mil 200 personas y colectivos por presuntas violaciones a sus derechos a la seguridad jurídica, a la salud, al debido proceso, a la integridad personal y a la reinserción social.

Las dependencias más señaladas fueron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 2 mil 957; la Fiscalía General de Justicia, con 2 mil 211; la Secretaría de Salud, con mil 119; la Consejería Jurídica, con 612, y el Tribunal Superior de Justicia, con 249.

Mientras, las demarcaciones territoriales donde se concentraron los hechos posiblemente violatorios fueron Cuauhtémoc, con 2 mil 435 expedientes de quejas; Iztapalapa, mil 844; Gustavo A. Madero, 883; Xochimilco, 433, y Benito Juárez, con 386.

En su informe de labores, donde destacó que ha coincidido con cuatro titulares del Ejecutivo local, señaló que se tienen mil 30 procedimientos en seguimiento de investigaciones penales y administrativas contra servidores públicos vinculados a posibles violaciones de derechos humanos.

Además, se dieron de baja 113 procedimientos, de los cuales 29 fueron concluidos con suspensión del cargo, apercibimiento, cambio de adscripción, arresto, amonestación pública, destitución e inhabilitación, indicó.

El año pasado se atendieron a más de un cuarto de millón de personas, y la CDH se alejó de las recomendaciones para transitar hacia la conciliación, la mediación, la restitución inmediata de derechos, y formación y acompañamiento a personas, víctimas y colectivas.

Ante el jefe de Gobierno, Martí Batres, funcionarios de la administración capitalina y representantes de organismos internacionales, señaló que desde su autonomía la comisión contribuye a erradicar los patrones persistentes de violaciones graves a derechos humanos.

No obstante, existen diversos desafíos en materia legislativa, como la atención a personas migrantes, el sistema integral de cuidados y el reforzamiento de la política pública enfocada a los grupos de atención prioritaria que subsane las brechas de desigualdad, afirmó.