El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que no vamos a proteger a ningún empresario ni a ningún dueño de un inmueble que ponga en riesgo a las personas, como en los casos de los bares Black y El Perro Salado, contra quienes, informó, se presentaron varias denuncias penales.

Aunque manifestó que solicitó a la Secretaría de Gobierno dar a conocer los nombres de los dueños, específicamente del primer establecimiento, el titular de la dependencia, Ricardo Ruiz Suárez, no ha proporcionado la información, que se le solicitó de manera directa.

El Black se encuentra asegurado por la Fiscalía General de Justicia y desde hace siete días tiene sellos de suspensión de actividades del Invea; sin embargo, señalaron fuentes del gobierno central, hasta ahora el único que ha comparecido ante dicha instancia es el encargado del lugar, quien se identificó como Christian Domínguez Sosa.

Al término del informe anual de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, el mandatario capitalino señaló que en el caso de El Perro Salado, el cual operaba de manera clandestina, se podrá aplicar la extinción de dominio.

Rechaza señalamientos

La Secretaría de Gobierno ya presentó varias denuncias penales contra ambos bares y se reforzarán los operativos de verificación, dijo, tras rechazar que funcionarios de su administración protejan este tipo de negocios.

No vamos a avalar ninguna de estas situaciones. Aquí estamos cuestionando a los dueños de las empresas y a los de los inmuebles, puntualizó, al reconocer que ha habido mucha resistencia de los bares ubicados en avenida Juárez al diálogo convocado por el gobierno.

Sin embargo, en estos últimos casos se pueden suspender, por medio del programa La Noche es de Todos, donde se toman decisiones cada semana en ese sentido, pues no es la primera vez que enfrentamos por una irregularidad a algunos de estos antros, .

En entrevista posterior a la inauguración de un pozo en la unidad habitacional Demet Toreo, afirmó que la mayor preocupación es el sobrecupo, por una cuestión de protección civil, y que vendan bebidas alcohólicas y sustancias ilegales a menores de edad.

Batres mencionó que se trabaja en dos frentes: se está dialogando con los dueños de estos negocios para que cumplan con todos los requisitos de operación, y se mantienen las supervisiones.

Hay un equipo que hace esta labor y sabe bien qué días y qué horarios, de tal forma que el operativo no sea cuando esté lleno el establecimiento. No obstante, también necesitamos esa información de, digamos, atención en los casos en que hay un establecimiento que se encuentra desbordado, apuntó.