larmada ante la inminente reforma constitucional al Poder Judicial, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) descaradamente mete su cuchara sin que nadie la convoque y se suma a la machacona campaña sucia de jueces, magistrados, ministros, asociaciones de abogados, especialistas por doquier y sicarios mediáticos, para alertar sobre la penetración del crimen organizado en el aparato mexicano de impartición de justicia si se lleva a cabo tal modificación a la Carta Magna.

Pues bien, por la vía de los hechos la agencia dependiente del Departamento estadunidense de Justicia de inmediato recibió respuesta, más allá de los puntuales señalamientos presidenciales sobre su permanente intromisión en asuntos internos: resulta que lo que la DEA dice visualizar en su bola de cristal (la intromisión del crimen organizado en el aparato de impartición de justicia) no es a futuro, sino que se registra de tiempo atrás, dada la permanente colaboración (colusión) de los encargados de aplicar la ley.

Dicha respuesta se dio en la mañanera de ayer (como en tantas otras ocasiones en las que se ha informado y denunciado sobre la liberación de delincuentes, incluidos de cuello blanco, por parte de impartidores de justicia), cuando la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que en la noche del pasado martes “un juez de Querétaro decretó la libertad, en 24 horas, de inmediato, de tres miembros del cártel de Santa Rosa de Lima y uno de ellos es hijo de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro (narcotraficante y huachicolero); es una situación delicada”.

Ante tal situación, el presidente López Obrador dijo que esto es una constante, no es de extrañar, porque hay mucho influyentismo y corrupción en donde la preocupadísima DEA (que aparentemente no se ha dado cuenta de la realidad imperante en el Poder Judicial) asegura que se presentarían situaciones peligrosas si se lleva a cabo la citada reforma constitucional, pues, asegura, se abrirían las puertas al crimen organizado.

Por cierto, cuatro años atrás, un juez que despacha en Guanajuato liberó a Rodolfo Yépez, padre de El Marro, detenido en Celaya por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del estado. El abogado de ese personaje confirmó que su cliente abandonó la prisión después de pagar una fianza de 10 mil pesos; el juez había decretado como medida cautelar la prisión preventiva, pero la modificó porque el hombre es mayor de 60 años y es vulnerable a contagiarse de coronavirus ( La Jornada).

Y de tiempo atrás (es decir, mucho antes de que se presentara siquiera la idea de reformar constitucionalmente al Poder Judicial), casos como los citados son el pan de todos los días, pero parece que la siempre injerencista agencia del Departamento de Estado no se ha dado cuenta. Tampoco, todo indica, el Consejo de la Judicatura Federal, que mantiene intocados a los impartidores de justicia que a diestra y siniestra liberan o amparan a delincuentes.

La DEA, pues, preocupadísima, según dice, pero ¿en serio a lo largo de su añeja presencia e intromisión en México no se ha dado cuenta de la podredumbre imperante en el Poder Judicial, de la descarada connivencia de jueces, magistrados y ministros con el crimen organizado, incluido el de cuello blanco? Entonces, si no lo registró es señal de que sólo sirve para meter la cuchara en donde nadie la llama.

En vía de mientras, el presidente López Obrador cuestionó el involucramiento de la DEA; debe actuar con prudencia, porque México es un país independiente. ¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a meter su cuchara? Es como si yo doy la opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas, pero pues no me corresponde.

La citada reforma constitucional, dijo, no es para limitar derechos, quitar libertades, implantar la corrupción por tiempo indefinido, legalizar el influyentismo, el nepotismo. Todo lo contrario: tener un Poder Judicial que actúe con integridad, que haya un auténtico estado de derecho, que no se dé preferencia a los que tienen influencias o dinero, que la justicia sea pronta y expedita. No es concentrar el poder. Es limpiar, purificar.

Las rebanadas del pastel

En menos de dos semanas comenzarán a pagarse jubilaciones con copete, porque ayer se instaló el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que rige a partir del próximo primero de julio.

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