ras el reciente resultado electoral, los mercados reaccionaron demandando dólares, lo que significó que la cotización peso-dólar se modificara al alza, al tiempo que el índice de la Bolsa de Valores (BV) cayó 5.5 puntos porcentuales. Esta reacción da cuenta de que los inversionistas modificaron sus posiciones financieras, convirtiendo pesos en dólares y vendiendo sus acciones y derivados, lo que muestra el posicionamiento político de las empresas que dan asesoría financiera a inversionistas nacionales y extranjeros, así como la reacción inmediata de esos inversionistas a la decisión de los electores mexicanos que dieron una apabullante mayoría legislativa a Morena.
La reacción de los mercados, es necesario repetirlo, no ha sido homogénea. El presidente de la BV señaló el 13 de junio: “la cotización del tipo de cambio no nos espanta. Para varios sectores… este tipo de cambio es mucho mejor que el que teníamos antes de las elecciones… El tema del tipo de cambio tiene pros y contras”. No les espanta el tipo de cambio, porque reconocen que la macroeconomía de México está muy sólida
. Los banqueros, por su parte, de nuevo respaldaron a la próxima administración federal, como lo hicieron a días de la elección, manteniendo que no hay riesgos relevantes en el escenario próximo.
Estas reacciones encontradas también aparecen en indicadores relevantes: mientras se informa que en la primera semana de junio crecieron las inversiones de extranjeros en bonos gubernamentales en 3 mil 500 millones de pesos, en la subasta semanal de valores del gobierno federal la tasa de interés del bono a tres años aumentó 51 puntos base, llegando a un nuevo máximo de 10.16 por ciento, lo que quiere decir que está aumentando el costo de la deuda pública interna. Aumentan las posiciones de extranjeros, al tiempo que los intermediarios financieros con operaciones en México demandan mayores rendimientos.
Se trata de respuestas económicas diferentes que indican distintos posicionamientos políticos. Algunos intermediarios financieros en México expresan que los cambios constitucionales que puede realizar Morena aumentan el riesgo de sus inversiones, mientras a los inversionistas extranjeros no parece afectarles la nueva composición política del Legislativo mexicano y no les interesa que haya cambios constitucionales. Lo que para estos inversionistas era un riesgo, resulta que la decisión de los electores lo concretó. En consecuencia, hay que entender que la reforma al Poder Judicial se concretará.
Descontado esto, es decir, reconociendo que la 4T no va a ceder en este punto central de su proyecto de país y que Morena, a cambio de la modificación constitucional al Poder Judicial, va a aceptar postergar las otras reformas, la electoral, la desaparición de comisiones y organismos autónomos. De modo que va a cambiar la manera en que lleguen los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los actuales ministros serán removidos una vez aprobada la reforma, pero se mantendrán los mecanismos judiciales que permiten ampararse frente a decisiones controvertidas, permisos rechazados, disputas comerciales en ámbitos importantes, etcétera.
Cambia el procedimiento de entrada a la SCJN, pero se mantiene sin cambios la legislación relevante en materia judicial. Con esta nueva manera de procesar el ingreso de ministros, se espera que este Poder Judicial modificado sea capaz de administrar eficiente y adecuadamente la impartición de justicia. Por supuesto, hay muchos riesgos involucrados en un procedimiento que acude a los electores para que resuelvan la composición del Poder Judicial. Pero debe entenderse que el estado actual de la impartición de justicia era insostenible desde la perspectiva de una nueva mayoría política en el país.
Sobre esto no habrá marcha atrás. Por el contrario, todas las señales que está enviando la presidenta electa dan cuenta de que harán la reforma al Poder Judicial y que están dispuestos a enfrentar las reacciones de actores políticos y económicos, es decir, de los mercados y de la oposición política. Lo que debe reconocerse es que la 4T ha propuesto una ruta en la que se posponen otras reformas también controvertidas, reconociendo que conviene caminar cuidadosamente en el terreno de las reformas.
En otros ámbitos hay riesgos importantes que conviene plantearse. La propuesta de paquete económico para 2025 plantea desafíos importantes: el dato previsto de ingresos públicos y de gasto es relevante, porque señalará la magnitud del esfuerzo de contención del déficit fiscal que este año se acercará a 6 por ciento del PIB. El asunto es complejo y tiene consecuencias en diversos ámbitos que será necesario explicitar. Junto a ello, el resultado de la elección en Estados Unidos abre un frente sobre el que hay que prepararse. Estos son riesgos que están ya planteados y que debieran ser discutidos ampliamente.
