redecible, como siempre, ahora que se abre la posibilidad de limpiar el putrefacto Poder Judicial el grito a coro de la derecha es déjenlo como está, porque, justifica, se corre el riesgo de que el crimen organizado lo infiltre, como si éste no estuviera ya muy adentro. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos se ha pronunciado a favor de una reforma constitucional tendiente a recuperar su esencia y verdadera función: servir a los mexicanos, a todos, y no a los poderes fácticos, a quien paga por justicia.

Esa derecha rancia se planta en su macho y dice NO. Carece de propuestas, de alternativa alguna para sanear a esa pútrida camarilla, nada de nada. De hecho, no tiene la menor intención de hacerlo, a sabiendas –cómo no– de que del Poder Judicial es una deshonra para el Estado mexicano, el cual ahora ve el fuego cerca de casa y sus cabezas visibles públicamente se muestran colaboradoras, modositas, aunque por abajo del agua soltaron a sus perros (disfrazados de todo tipo de asociaciones, agrupaciones, especialistas y conexos) para golpear mediáticamente, meter ruido e intentar frenar el avance de dicha reforma.

Pero la mayoría de los mexicanos se han pronunciado a favor de tal modificación constitucional. La propia Claudia Sheinbaum hizo públicos los resultados de las tres encuestas levantadas (Enkoll, De las Heras y la propia de Morena) para conocer la opinión ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial enviada al Congreso por el presidente López Obrador.

De hecho, antes de esas encuestas, el Inegi dio a conocer que 66 por ciento de los mexicanos califican de corruptos a los impartidores de justicia y 60 por ciento desconfían de su proceder, de tal suerte que nadie puede negar que el costosísimo Poder Judicial está podrido hasta el tuétano, opera en contra de los ciudadanos y sólo actúa si hay buena paga de por medio. Eso es lo que la derecha pretende dejar intacto.

Las encuestas citadas arrojaron resultados altamente positivos a favor de la reforma constitucional (entre 77 y 83 por ciento de los consultados) y abiertamente contrarios a los impartidores de justicia (entre 91 y 95 por ciento). De igual forma, entre 68 y 75 por ciento se pronunciaron a favor de que sea el pueblo de México quien elija a jueces, magistrados y ministros.

Algo más: ante la posibilidad de crear un órgano independiente al Poder Judicial que vigile, investigue y sancione a ministros, magistrados y jueces que incurran en faltas o actos de corrupción (labor que ahora supuestamente hace el Consejo de la Judicatura Federal), entre 85 y 89 por ciento se pronunció a favor. Actualmente, la presidencia del órgano sancionador es ocupada por quien encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es juez y parte, mientras las sanciones y correcciones brillan por su ausencia, o lo que es igual, entre ellos mismos se cubren.

Tras dar a conocer los resultados de las encuestas, Sheinbaum dijo que no tienen otro objetivo más que información; la discusión sobre la reforma corresponderá a la próxima legislatura, e hizo un llamado para dejar espacio a foros, diálogo y debate. Habrá quienes no estén de acuerdo, algunos por interés, porque tienen arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, ya sea con ministros, jueces o magistrados; otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como ésta, pero finalmente esa es la democracia.

Para el presidente López Obrador, una minoría quiere mantener al Poder Judicial “como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios. Entonces, ojalá y los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de derecho. Y no se excusen en que ‘se va a apoderar el crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada’. No dicen ‘la delincuencia de cuello blanco’, porque pues son las dos las que tienen tomada a la Corte y a todo el Poder Judicial, secuestrado”. Quienes no quieren cambios tienen injerencia, son los que tienen ahí uno, dos de los ministros. Es como los organismos autónomos: todos están tomados por los mismos grupos de intereses creados, por las élites”.

Las rebanadas del pastel

Terrorífico: de Carlos Salinas de Gortari (quien modificó la ley respectiva) a la fecha, el número de concesiones de agua, manejadas como mercancía para favorecer a los grandes corporativos, se incrementó 25 mil por ciento, mientras México vive crisis hídrica y sequía en tres cuartas partes del territorio nacional” ( La Jornada, Angélica Enciso).

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