omo era de esperarse, las encuestas encargadas por Morena y dadas a conocer ayer en sus resultados por la virtual presidenta electa (VPE), Claudia Sheinbaum, muestran un amplísimo apoyo a la reforma judicial y, en particular, a la elección por voto popular de los juzgadores. La VPE comentó que el porcentaje de opiniones favorables a tal reforma (fluctuante, conforme a las preguntas en específico, alrededor de 80 por ciento) es mayor al recibido por ella misma en las recientes elecciones (casi 60 por ciento).

Aun cuando Sheinbaum precisó en la conferencia de prensa que tales datos demoscópicos son solamente información a tomarse en cuenta (y que, a juicio de este tecleador, siempre habrá un riesgo de sesgo cuando trabajos de tal relevancia son manejados por un partido político, en este caso Morena), los datos aportados encajan bien con la percepción de rechazo, por corrupción, al armado de los poderes judiciales (no sólo el federal, sino también los de los estados) y a la urgencia de establecer correctivos a la medida del problema.

Con tales encuestas por delante, Morena y sus aliados en el Poder Legislativo se aprestan a organizar foros de análisis de las reformas que fueron propuestas por el presidente López Obrador y son consideradas para su votación y previsible aprobación en septiembre, el mes de la inusitada convivencia política de un poderoso presidente saliente, una presidenta entrante que fue electa por una votación históricamente alta y un Congreso federal probablemente con mayoría calificada de Morena y sus aliados al menos en una de las cámaras y con gran posibilidad maniobrera de alcanzarla en la otra cámara; es decir, con la insólita capacidad de realizar reformas constitucionales sin necesidad de arreglos o cesiones con las bancadas opositoras.

Tan apabullante concentración de poder partidista, electoral, legislativo y presidencial está enfrentando la oposición de sectores empresariales e inversionistas que desde la bolsa de valores y la paridad cambiaria peso-dólar envían mensajes de preocupación por el riesgo que a sus intereses asumen que significará el cambio de reglas en México.

Dispersa y disminuida, la oposición partidista no atina a recomponerse programáticamente y, en lo inmediato, es notablemente ineficaz para intentar frenar o anular medidas como la citada reforma judicial, ante lo cual han entrado empresarios e inversionistas (acaso el verdadero motor y sustento de esa oposición partidista) como contrapeso emergente.

En otra faceta de esta crisis de opositores partidistas: sepultureros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que fue el principal de la izquierda electoral mexicana, los Chuchos, es decir, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, con los restos de lo que fue el sol azteca intentarán crear una nueva organización con pretensiones de redituabilidad, con nuevo nombre, algunos registros estatales que se han salvado y el mismo grupo dominante: es decir, el Partido de la Regresión Chuchocrática (Prechucho).

Por lo pronto, en busca de generar incendios desde las cenizas, Chucho Zambrano sostiene que el presidente López Obrador es el jefe de la delincuencia electoral y que Claudia Sheinbaum no obtuvo un triunfo legítimo y, por tanto, será para AMLO el equivalente a Felipe Calderón en 2006. Aunque también dijo que su partido, y quienes apoyaban a Xóchitl Gálvez para presidenta, se dejaron ir con “la ilusión óptica de las plazas públicas repletas, de la calle, de la conversación pública, de la marea rosa, y de algunas encuestas que nos colocaban en empate técnico”.

Y, mientras Sheinbaum y López Obrador reanudan este fin de semana su giras conjuntas, ¡hasta mañana, con las quinielas a todo lo que dan en cuanto a la presunta integración del gabinete claudista, aunque la designante ya ha hecho saber que este jueves dará a conocer sólo una parte de tal equipo de trabajo!

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