La presidenta de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, adelantó que ese órgano del Congreso, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, determinará en breve las fechas para el inicio del parlamento abierto en torno a la reforma judicial, que se espera se vote en el Congreso durante la próxima legislatura, que comienza en septiembre.

Después de recibir su constancia de mayoría como senadora por Tlaxcala, lo que le permitirá estar seis años más en ese cargo, comentó que regresaba de inmediato a la Ciudad de México, ya que se le instruyó abrir desde la Comisión Permanente y junto con Gobernación esos espacios de diálogo, en los que van a participar colegios de abogados, escuelas de derecho, especialistas en materia constitucional, así como el pueblo de México.

Es el momento, recalcó, de que todos podamos discutir, analizar, informar sobre lo que significa la reforma del Poder Judicial, que va a ser una de las más importantes del final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Rivera precisó que se discutirán también en parlamento abierto las otras cuatro iniciativas que impulsa la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y que habrá total apertura y transparencia para negociar con la oposición.

En entrevistas por separado, los senadores de Morena Napoleón Gómez Urrutia, Higinio Martínez y César Cravioto Romero coincidieron en que pese a la mayoría calificada que lograron Morena y aliados en el Congreso, no será una reforma impuesta, ni se arrollará a la oposición.

Es, recalcaron, una reforma encaminada a que jueces, magistrados y ministros respondan al interés de las mayorías, no de los grandes grupos económicos.

El senador Gómez Urrutia resaltó que el salario de más de 300 mil pesos al mes que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al que se suman otras prebendas y privilegios económicos como aguinaldos de más de medio millón de pesos, es una ofensa para la mayoría de los trabajadoresy es parte de lo que se debe modificar con la reforma judicial.

Hizo notar que además de la propuesta de que los juzgadores sean electos por los ciudadanos, en urnas, otra parte importante de la reforma propuesta originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que la austeridad que impera ya en los poderes Ejecutivo y Legislativo llegue también al Judicial, ya que los ministros de la Suprema Corte han acumulado una serie de prebendas que son de escándalo.

Se requiere, insistió, democratizar al Poder Judicial y tener claro que los países del mundo que logran tener sistemas de justicia respetables, como Canadá, han sido precisamente porque han contado con transparencia y honestidad de los jueces, magistrados y ministros.

Por su parte, el senador César Cravioto comentó que los ministros no pueden seguir con ese régimen de privilegio, que va en contrasentido de lo que pidieron en urnas la mayoría de los mexicanos. La austeridad que ya impera en los poderes Ejecutivo y Legislativo debe llegar también al Judicial, recalcó.