Hasta ahora el caso del estudiante universitario Maximiliano Romero Meza, desaparecido hace cuatro años en Zapopan, Jalisco, no tiene progreso, pese a que un juez determinó que debe ser indagado como desaparición forzada, señaló Liliana Meza, su madre, cofundadora y presidenta del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco.

La activista dijo a La Jornada que el viernes participó en una mesa de trabajo en la Fiscalía General de la República (FGR), y tras el encuentro lamentó que las víctimas indirectas seamos revictimizadas; nos hacen venir para nada, no nos dan ningún avance, son indolentes y les falta empatía.

Desde hace dos meses Meza ganó un amparo para que el caso de Max sea indagado como desaparición forzada; sin embargo, considera que hay reticencia por parte de la fiscalía para acatar la orden del juez.

El viernes pasado, ella y Héctor Flores, también cofundador de la agrupación y quien desde hace tres años busca a su hijo Héctor Daniel Flores Fernández, acudieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, donde denunciaron la resistencia a cumplir lo determinado por el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco.

No entendemos por qué ella (la agente del Ministerio Público) se está inconformando y por qué no quiere acatar la orden del juez e investigar el caso de Max –quien tenía 18 años al momento de la sustracción de su domicilio el 22 de octubre de 2020– como desaparición forzada, pues así lo determinó un juez.

Se sienta un precedente

Destacó que lograr la reclasificación del delito no sólo ayuda a mi caso, sino a todos. En el colectivo somos más de 400 familias y si tú escuchas el caso de cada uno es la misma historia, lo que cambia es la persona. Esto no servirá sólo para mí o para mi colectivo y para mi estado, sino para todos los colectivos y familias que tengan un familiar desaparecido.

Tras la reunión, comentó que no tenían ningún acto de investigación; nos dijeron que andan policías en Jalisco haciendo entrevistas, pero no hay nada en concreto, aunque les dijeron que ya se va a empezar con todo lo que el juez dictaminó.

En la resolución se ordenaron la restitución de derechos violentados (a la verdad, la justicia y a la investigación), reparación de daño y la no repetición.