El Gobierno de la Ciudad de México deberá resguardar los cuatro memoriales de personas desaparecidas que fueron retirados de las inmediaciones de Palacio Nacional el 15 de marzo, de acuerdo con una suspensión provisional que otorgó un juez federal a colectivos de familiares de víctimas.

En su resolución, el togado requirió también a la administración capitalina un informe sobre los hechos y, en caso de falsedad, se impondrán de tres a nueve años de prisión, además de la destitución e inhabilitación a los responsables, aseguró Jorge Verástegui, quien forma parte de los colectivos integrantes de la Glorieta de las y los Desaparecidos.

En entrevista, explicó que aunque el objeto del amparo fueron las autoridades federales, al rendir su informe justificado el personal militar que custodia Palacio Nacional entregó una fotografía en la que se observa a personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México retirar las estructuras metálicas con las fotografías de sus seres queridos.

“El informe indica que la policía afirma que ellos no tuvieron nada que ver porque no está dentro de sus funciones, pero indican que el 13 de marzo en la noche personal de la Secretaría de Obras fue a retirar los memoriales, y adjuntan una fotografía donde se observa que están arriba de una camioneta de esa dependencia.”

Por tal razón, se presentó un amparo, ahora contra el Gobierno de la Ciudad de México, ya que, además, con anterioridad se requirió vía transparencia a la jefatura de Gobierno, a la Autoridad del Centro Histórico y a la Secretaría de Obras, información sobre los memoriales; todos respondieron que no tenían ninguna, agregó Verástegui, quien desde hace 14 años busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio Jesús.

Entre los instalados en la esquina con Moneda se encontraban los de Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010 y los familiares de Verástegui, ausentes desde el 24 de enero de 2009 en Coahuila, entre otros.