asi 36 millones de votos, rozando 60 por ciento de la votación nacional, 32 puntos porcentuales de diferencia con la opción de la derecha, muy por encima del promedio de estudios previos de opinión, fue un mensaje contundente del pueblo de México en las elecciones presidenciales en favor de profundizar el cambio en marcha, elecciones concurrentes con múltiples procesos estatales y municipales que se beneficiaron de ese mandato medular.

El triunfo de Claudia Sheinbaum, claro, holgado, legítimo y ya cotejado, es un mandato indubitable de fortalecer, con el sello propio de la nueva administración federal, el modelo de Estado social de derecho, priorizando la atención a los deciles de ingresos bajos de la población, la base de la pirámide, el segmento históricamente marginado en la larga noche del modelo neoliberal, depredador y elitista.

Un modelo excluyente, concentrador del ingreso, que en los pasados tres sexenios, gobernados por PAN y PRI, de 2000 a 2018, dejó como legado que el uno por ciento de la población más rica de México pasara de quedarse, en ese periodo, de 12 por ciento del ingreso nacional a 30, casi tres veces más, como lo revela el World Inequality Database, estudio realizado en 176 países, democracias y autocracias, donde nuestro país figura en los primeros lugares de desigualdad social, en la importante vertiente del ingreso.

Un modelo que comenzó a demolerse, por lo que los abismos en los ingresos de los extremos de la pirámide se han reducido significativamente, como lo revelan varios datos duros, de agencias acreditadas, que expongo en este espacio de reflexión.

La clave ha sido el incremento en el salario mínimo real, de 110 por ciento en el quinquenio 2018-2023, el mayor aumento porcentual entre los países del subcontinente latinoamericano, y aún mayor que el registrado en los 38 países de la OCDE, organismo que aglutina a las mayores economías del mundo, incluida la mexicana.

También ha sido fundamental la reorientación del gasto público, mediante programas sociales y atención focalizada a quienes menos tienen, una política que hizo pasar el porcentaje de mexicanos con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos de 50.8 por ciento en 2016 a 43.5 en 2022, más de 7 puntos porcentuales menos, con la misma tendencia de descenso en 2023.

En el rubro de la pobreza laboral, que mide la capacidad de adquirir los productos de la canasta básica, el descenso ha sido notable, para la población en general en el cuarto trimestre de 2023 fue de 37 por ciento, frente a 40.7 en 2018, una disminución de casi 4 por ciento. Esto equivale, en números absolutos, a 5 millones menos de personas en pobreza laboral entre 2018 y 2023.

Visto por segmentos de la población, la reducción ha sido más importante en el ámbito rural, hogares encabezados por mujeres y los trabajadores: en las familias rurales, la pobreza laboral pasó de 55.9 por ciento en 2018 a 50.1 en 2023, mientras en aquellas con jefatura femenina disminuyó de 45.2 a 41.1 por ciento. En lo relativo a los trabajadores, la pobreza laboral descendió de 14.8 por ciento a fines de 2018 a 12.5 al mismo lapso de 2023.

Lo cierto es que, a la luz de las frías cifras, el crecimiento del ingreso de 2018 a 2022 fue progresivo; es decir, favorable, en personas, hogares y entidades federativas.

Según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), correspondiente a 2022, un estudio realizado cada dos años, México es hoy menos desigual que al inicio de este sexenio: el múltiplo del ingreso promedio por hogar en la parte más alta de la distribución con respecto a la más baja se redujo de 18.3 veces en 2018 a sólo 15 en 2022. El mismo indicador para ingresos per cápita bajó de 19.9 veces a 16.9 en el mismo periodo.

De acuerdo con la Enigh, la desigualdad de ingresos en el país disminuyó sensiblemente en los años recientes, pues el coeficiente de Gini pasó de 0.464 en 2016 a 0.413 en 2022.

Otra tendencia favorable de la política social y regional de esta administración es que se redujo la asimetría en el ingreso entre los habitantes de los estados más avanzados y aquellos en proceso de desarrollo: según el mismo estudio del Inegi, el ingreso de los hogares de estados más pobres creció más rápido que en las entidades más ricas, en la más desarrollada pasó de ser en 2018 el equivalente a tres veces el ingreso promedio de los hogares de la entidad más pobre a 2.2 veces en 2022. La clave fue que, por primera vez en el México de la postrevolución, se priorizó la inversión pública en la zona sur-sureste del país, a través de los megaproyectos que dinamizaron la actividad económica en esa región.

Este es el modelo social de derecho, de priorización del gasto público y de orientación de las políticas de desarrollo para las personas y las regiones que más lo necesitan, el que hay que profundizar ahora, con las leyes, las políticas públicas y las acciones específicas de una administración que iniciará funciones en menos de cuatro meses. Ese fue el mandato contundente del 2 de junio.