El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, comentó que si bien no hay prisa para sacar las 18 reformas a la Carta Magna propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya hay anteproyectos de dictamen de cada una de ellas, que serán la base para la discusión que seguramente se dará en el Congreso en la próxima legislatura, que inicia en septiembre.

En entrevista, comentó que las reformas, que tratan temas torales como las modificaciones requeridas al Poder Judicial, en materia electoral y energética, entre otras, están vigentes, pero el momento en que se dictaminarán dependerá de la decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Recalcó que esa decisión, tal como ya lo aclaró el coordinador de Morena, Ignacio Mier, la tomarán conjuntamente con los integrantes de la nueva legislatura –una vez que tengan su constancia de mayoría– en reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Respecto a la reforma judicial, detalló que además de la propueta del Ejecutivo federal, el anteproyecto incluyó las demás iniciativas que ya existían sobre ese tema en el Congreso, con miras a crear un proyecto integral en materia de justicia.

Los cambios en forma alguna vulneran la autonomía del Poder Judicial, recalcó el diputado de Morena. El anteproyecto de dictamen establece la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto ciudadano, percepciones salariales de acuerdo con la austeridad repúblicana, la eliminación de privilegios indebidos,la reestructuración organizacional del Poder Judicial y otros para garantizar que no se invadan facultades del legislativo.

Sobre este último punto, el diputado Robledo precisó que se establece que ni tribunales inferiores ni mayoría mínimas de jueces constitucionales podrán dar efectos generales a una declaratoria de invalidez de normas o leyes generales aprobadas por el Congreso.

Puso como ejemplo la Ley Eléctrica que la Suprema Corte no pudo declarar inconstitucional, pero a través de amparos concedidos por jueces, que además le dieron efecto general, se logró que la norma no aplique a todas las empresas privadas que generan electricidad.

Plazos máximos para resolver juicios

Por ello, dijo, se da sólo a la Suprema Corte esa potestad de declarar inconstitucional una norma legal, siempre y cuando se decida con el voto de ocho ministros. Ello, para impedir que el tribunal asuma facultades del Poder Legislativo, como lo ha hecho en los últimos años.

La reforma fija plazos máximos para la resolución de juicios e impone sanciones en caso de que esos plazos no se cumplan, salvo causa justificada que oportunamente puedan alegar jueces, magistrados y ministros.

Una de las partes más cuestionadas por los ministros está presente en ese anteproyecto de dictamen de la reforma de López Obrador y se refiere a llevar la austeridad republicana a la Corte para disminuir sueldos, prestaciones y demás canonjías de los ministros, percepciones inequitativas, que permiten que los salarios de los 11 minitros sea 50 veces más que lo percibido por la mayoría de los trabajadores en México.

Igualmente se prohibe que el Poder Judicial conforme fideicomisos. Actualmente cuenta con 13, por más de 21 mil millones de pesos, que fueron eliminados en octubre de 2023 por el Congreso, pero la oposición presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte que frenó la reforma.