La constructora estadunidense Vulcan Materials dijo ayer que no acepta lo que considera una expropiación ilegal de sus inversiones en México, a través de una clausura de las autoridades de una mina de piedra caliza, pero se mostró abierta a buscar una solución negociada con el gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el miércoles pasado que el gobierno haya expropiado la mina de Vulcan, a la que acusa de cometer un ecocidio en la zona; sin embargo, afirmó que los terrenos donde opera permanecerán cerrados al menos hasta el final de su mandato en octubre.

No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones, advirtió la empresa en un comunicado enviado a Reuters. Seguimos abiertos a una solución negociada de buena fe, fructífera y amistosa de las disputas entre Vulcan y el gobierno de México, agregó.

Las autoridades mexicanas ordenaron detener en 2022 la extracción de piedra caliza para ser exportada a Estados Unidos por la unidad minera de Vulcan en el estado de Quintana Roo. La compañía niega haber cometido algún ecocidio.

Subvaloración sustancial de activos

Vulcan, que no ha podido exportar su producción desde hace casi dos años, reclama una indemnización de más de mil 500 millones de dólares a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

En su comunicado, la compañía dijo no haber recibido ninguna oferta generosa para comprar su propiedad, como calificó López Obrador su propuesta para adquirir los terrenos. Se nos entregó un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos.

Entre los activos, Vulcan incluyó las reservas de piedra caliza de las que dice ser dueña conforme a la ley mexicana y el único puerto de calado profundo en la región.

El mandatario federal ha informado que pretende usar ese espacio para un desarrollo turístico y la terminal como un posible destino de cruceros.