Aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila rechazar la petición de ejercer su facultad de atracción en zonas de alta inseguridad en el país como lo pide la alianza Fuerza y Corazón por México a partir de un mapa de riesgo que entregó al organismo, en el proyecto de acuerdo del instituto que se discutirá mañana se establece que se dará vista a la mesa de coordinación con el gabinete de seguridad, para que sean las autoridades en la materia determinen las medidas conducentes en zonas de riesgo.

Como secuela de un recurso promovido por esa coalición y una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se da respuesta negativa a la petición, pero se remite al protocolo ya establecido por el INE en casos de riesgo: si bien este instituto carece de atribuciones en materia de seguridad pública, esto no ha sido impedimento para que, en las mesas de coordinación, se realicen permanentemente diagnósticos de las problemáticas de seguridad y posibles riesgos en las demarcaciones territoriales, en conjunto con las autoridades competentes en la materia, a efecto de que éstas se encuentren en aptitud de diseñar las estrategias de seguridad y atención a la incidencia delictiva, determinar operativos, acciones de inteligencia y de procuración de justicia, señala el proyecto de acuerdo. La inconformidad de la alianza se tradujo en un reclamo porque la violencia en las elecciones representa una amenaza a la integridad física de quienes participan en las elecciones y al estado de derecho, por lo que exigieron una respuesta inmediata y contundente para evitar las consecuencias de un fenómeno criminal presente en distintas regiones del país.

El proyecto recoge las disposiciones y consideraciones emitidas por el TEPJF, según lo cual el INE debe prevenir escenarios de riesgos derivados de la injerencia de la delincuencia organizada y actuar con la máxima diligencia para evitar que se traduzcan en riesgo electoral.