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Celebran matrimonio de 46 parejas en centros penitenciarios
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▲ Los contrayentes disfrutaron de comida y del mariachi que llevaron las autoridades.Foto cortesía de la SSC
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de mayo de 2024, p. 26

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Registro Civil legalizaron la unión de 46 parejas, así como la inscripción de cinco hijos de personas privadas de la libertad como parte de la campaña matrimonial 2024.

En los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II se efectuaron las ceremonias; en el primero, 21 parejas se dieron el sí, dos de ellos interreclusorios y uno igualitario, además de dos menores que obtuvieron sus actas; en tanto que en el II fueron 25 matrimonios, uno entre internos de penales, además de tres registros.

Con la unión las autoridades buscan fortalecer los vínculos familiares y regularizar el estado civil de los internos con sus parejas por medio de la campaña de matrimonio civil colectivo, registros y reconocimientos que se realiza en los centros penitenciarios de la capital.

Luego de la ceremonia, los recién casados bailaron y festejaron en compañía de familiares, disfrutaron de una sana convivencia con alimentos y agua de sabor; el pastel de bodas fue un regalo especial de los directivos de cada penitenciaría.

El evento fue amenizado con el mariachi Los Generales, de la SSC, con melodías que bailaron y cantaron los asistentes.

A la ceremonia acudió la directora general del Registro Civil de la Ciudad de México, Crystel Guadalupe Arellano, así como funcionarias de la Secretaría de la Mujer.

Autoridades de la SSC reconocieron el apoyo de esa dependencia y del personal del Registro Civil para la realización de los enlaces matrimoniales y la inscripción de menores, pues de esa manera se fortalecen los lazos familiares entre las personas en situación de reclusión.

Asimismo, refrendaron su compromiso por tener una reinserción social integral y regularizar el estado civil de las personas en reclusión, ya que es fundamental para cumplir con los objetivos de la institución porque contribuye a garantizar la certeza jurídica y social de la población penitenciaria.