El ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta 100 (Sutaur-100), Ricardo Barco López, comenzó ayer a rendir su declaración preparatoria en el juzgado 35 del Reclusorio Norte respecto del delito de administración fraudulenta que se le imputa.

Durante el preproceso, el juez cuenta con 48 horas para tomar su declaración y 72 horas para resolver su situación jurídica. En caso de declararlo formalmente preso, se iniciará el proceso penal, que podría resolverse en 12 meses, de estimarse una pena mayor a dos años.

Se trata de uno de 43 involucrados en este delito, en detrimento de 12 mil cuatro trabajadores, de los cuales casi la mitad ya falleció, pero están sus esposas e hijos peleando, por lo que por derecho les corresponde, señalaron afectados.

María Cristina Olvera explicó que esta denuncia fue presentada en 2001 por 346 compañeros contra 21 personas, entre quienes también están Gabino Camacho, Eulalio Guzmán, Carlos Septién e integrantes de la familia Mendoza Larraguivel.

Además, viene un desglose de 850 para culpar a otras 22 personas, pues cuando se declara la quiebra de Ruta 100 en 1995, el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal quitó a los trabajadores 15 por ciento de su liquidación, y sus representantes legales otro 30 por ciento.

Dichos recursos, que son una millonada, los metieron a Banca Ixe y los pasaron a BankOne y Merrylinch, en Estados Unidos, y fueron pidiendo préstamos para comprar concesiones y crear las empresas del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), manteniendo ese dinero intocable.

Ante ello, se interpuso un juicio civil, que ya ganamos 346 compañeros en el juzgado 47, para ser reconocidos como querellantes, y se analicen todas las copias en inglés de los 42 millones de dólares que se pidieron a Banco Arizona, comentó Víctor Manuel Cervantes.

Hoy, dijo, estamos ejecutado ese juicio para que se nos reconozca como parte de GMT y recuperar el dinero que Barco y su gente nos robaron.

Para Eulogio Sánchez, quien acompaña a ex trabajadores de Ruta 100, la detención de Barco es un indicio de que se hará justicia, pues también están próximas a salir las sentencias por las demandas de fraude asentadas en el juzgado primero del Tribunal Superior de Justicia.