La representación de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) promovió un juicio contra la Comisión de Quejas por no expresarse sobre un encuentro que sostuvo Santiago Taboada con trabajadores del sindicato Libertad, que encabeza Hugo Bello, quien fue vinculado a proceso por extorsión, amenazas y robo.

En su resolución, la comisión indicó que no tiene competencia para detectar el presunto uso de recursos de origen ilícito, por lo que declinó el tema a favor de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena señaló que tampoco se manifestó respecto a las medidas cautelares como ordenar a Taboada a que se abstenga de solicitar y/o de recibir cualquier tipo de apoyo político, económico, financiero o en especie del sindicato Libertad ante una probable coacción del voto y su intromisión indebida en asuntos político-electorales.

Es decir, a pesar de la gravedad de la conducta denunciada, como lo es violentar las normas constitucionales y legales sobre prohibir la intervención de cualquier organización gremial en las actividades de los partidos políticos, y mucho menos en el financiamiento ilícito de las campañas electorales, la omisión para determinar sobre medidas cautelares conducentes a fin de que la conducta infractora cese de inmediato, plantea posibles daños irreparables para los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de México, a la sociedad capitalina en su conjunto y al partido que represento, indica el escrito de denuncia ingresado ante el Tribunal Electoral local.

En marzo pasado, la ex fiscal Ernestina Godoy informó que la organización está relacionada con desvíos multimillonarios por las obras del fallido aeropuerto de Texcoco, y que en 2020 Bello estuvo preso en el penal de Barrientos, aunque hubo una sentencia absolutoria porque la víctima al parecer fue amenazada.

No obstante, relató que en una investigación se le vinculó a proceso por robo, que se mantiene en curso; dicho caso es una investigación muy sólida en la que se tienen todas las pruebas de una extorsión.

Por otra parte, el juzgado segundo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia dictó una medida cautelar para que los partidos de oposición se abstengan de hablar del derrumbe de la línea 12 del Metro con fines político electorales hasta que concluyan las campañas.

Víctimas solicitaron al órgano judicial su intervención ante el uso de esta desgracia, ya muchos luchamos por una reparación integral del daño.