Infartos al corazón y cáncer están entre las principales causas de enfermedad y muerte en el país, y con frecuencia, el obstáculo que enfrentan las instituciones estatales para atender a los afectados es la carencia de infraestructura y equipos médicos, como salas de hemodinamia, donde se realizan los procedimientos para desbloquear las arterias coronarias, o aceleradores lineales con los que se dan las radioterapias contra tumores malignos.

De estos últimos, un análisis del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) señala que en 2022 había 144 centros de radioterapia y 485 radio oncólogos certificados, pero en entidades como Tlaxcala no había nada, mientras en la Ciudad de México se encuentran 20.

Situación similar ocurre con las hemodiálisis para personas con enfermedad renal crónica. No se cuenta con los equipos suficientes para atender la demanda, ni siquiera en las instituciones de seguridad social, donde desde hace varios años han tenido que contratar los servicios de empresas privadas.

En tanto, sólo en algunos estados las personas sin seguridad social, antes afiliadas al extinto Seguro Popular, recibían las terapias sustitutivas de la función renal. La mayoría de enfermos estaban excluidos de esta posibilidad por su alto costo.

La situación cambió en la actual administración, que decidió garantizar este servicio, para lo cual se ha iniciado la habilitación de clínicas de hemodiálisis, como la de Acapulco, que funciona desde 2022, y otras que se están instalando en diferentes municipios de Guerrero como parte de la oferta de servicios de IMSS-Bienestar.

Es posible que ahora, esos centros de atención, las salas de hemodinamia y radioterapia en las diferentes instituciones de salud pública, formen parte del acuerdo anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los pacientes reciban la atención médica que requieran para cáncer, infartos al corazón y enfermedad renal crónica en los hospitales de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, e IMSS-Bienestar, con independencia de si son derechohabientes o no.

El mandatario señaló que también se incluirán las urgencias, área en la que ya hay colaboración interinstitucional. Los enfermos pueden acudir a cualquier nosocomio, lo mismo que para la atención de emergencias obstétricas.

Los acuerdos de intercambio de servicios se han buscado desde hace más de 20 años, pero no se consolidaron por falta de planeación y de recursos para la contratación de personal. También incidió la falta de acuerdos sobre las tarifas que se pagarían a las instituciones por la atención otorgada.

En 2018, lo más que se avanzó en el proyecto impulsado por la Secretaría de Salud fue en 22 entidades con 715 intervenciones, principalmente exámenes de laboratorio y gabinete, algunas cirugías, atención obstétrica y urgencias.

El acuerdo era voluntario y estaba sujeto a la disponibilidad de espacio para recibir a otros pacientes en cada institución. Se reconocía que había hospitales saturados que no podrían sumarse al intercambio.