Cada posible caso deberá registrarse en un sistema de información
Lunes 20 de mayo de 2024, p. 12
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) publicó un acuerdo en torno a las acciones de identificación y documentación de hechos probables de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El convenio que se difundió en abril señala que los defensores públicos deberán en las entrevistas a los denunciantes realizar las preguntas pertinentes e idóneas para identificar posibles hechos constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Establece el llenado inmediato de una cédula de atención para la documentación que recabe la mayor información relativa a las circunstancias de modo, tiempo y lugar referidas por las víctimas.
A los defensores públicos corresponderá interponer de inmediato la denuncia penal ante la autoridad competente, así como la queja por violación a derechos humanos en un plazo menor de cinco días hábiles y notificar a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) mediante correo electrónico a la cuenta [email protected].
De junio de 2022 al 15 de noviembre de 2023, IFDP brindó asesoría jurídica victimal a personas sobrevivientes de tortura en 12 casos, en beneficio de 29 personas (23 hombres y seis mujeres) representadas por este órgano federal.
El 8 de diciembre de 2022 se cumplimentó la orden de aprehensión girada contra un ex policía federal, un hombre de 68 años que se encuentra en prisión preventiva por un proceso penal instruido en su contra por el delito de secuestro.
En el segundo caso, se trata de 10 personas víctimas de tortura (ocho hombres y dos mujeres) de las cuales siete denunciaron actos de tortura cometidos por elementos de la Secretaría de la Marina en su detención en agosto de 2011 en un operativo en Veracruz y, posteriormente, acusadas de secuestro. Asesores jurídicos en la STCT han dado seguimiento a la investigación de los hechos, que derivaron en la ejecución de tres órdenes de aprehensión, dos en agosto de 2023, tras las cuales se dictó auto de formal prisión por el delito de tortura.
El acuerdo indica que en casos excepcionales, si el defensor público se encuentra imposibilitado para presentar la denuncia o queja deberá justificarlo en el reporte enviado a la STCT y asegurarse de registrar el caso en el sistema de información respectivo.
Los asesores jurídicos que identifiquen actos de posible tortura cometidos en estaciones migratorias, hospitales siquiátricos u otros centros de salud deberán llenar la cédula de atención dentro de los dos días hábiles siguientes y remitirla de inmediato a la STCT a la cuenta [email protected].