n las dos entregas anteriores se expuso el diagnóstico del cual se partió y, también, la urgente transformación requerida por el Sistema Energético Nacional. Toca ahora pasar lista, cuando menos, a puntos relevantes de lo conseguido en estos años del presente gobierno. Lo fundamental se refiere al grado de independencia y control alcanzados en el ámbito eléctrico. Lo relativo al extenso ámbito de los hidrocarburos se abordará en el artículo siguiente. Para cada uno de estos enormes sectores, cruciales para lo que se llama la soberanía energética, se habrán de precisar ciertos puntos nodales.
Este propósito adquiere, además, una relevancia coyuntural dada la intensa atención que tales asuntos han adquirido en tiempos recientes. Ya no se trata solamente de exponer las cortedades padecidas o incluso algunos de los errores que, según la oposición, se pudieran haber cometido. Lo difundido en el panorama del país rebasa, con mucho, la crítica opositora para situarse en el centro de una álgida contienda por el poder. Las pasiones electorales han puesto, qué duda, buena parte de lo que acontece.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) merece renfocarse como el pivote que asegure a toda la ciudadanía parte sustantiva de su bienestar. La electricidad ha adquirido el nivel de un real derecho humano, sin el cual se limitaría su desarrollo. La vida moderna exige contar con tan preciado servicio en modalidades de calidad, abundancia, precio y oportunidad. La CFE se ha podido reconstruir vía suficientes ingresos que, antes, declinaban con rapidez. Eso, precisamente, fue el propósito de la reforma de 2013: reducir su rol hasta un nivel puramente testimonial. En esta época, sin embargo, sus ingresos han ido aumentando desde 2019 (556 mil millones) hasta 640 mil millones en 2023. Sus costos se ha mantenido en rangos aceptables, sin variaciones notables. Las utilidades que le aseguren continuidad y crecimiento, por fin (2023) llegaron: casi 100 mil millones de pesos. Adicionalmente, la capacidad de generación actual del sector público aumentó en 8 mil megavatios (MW) mediante la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola. Y en corto tiempo entrarán en operación varias generadoras adicionales, entre ellas una voltaica de gran capacidad, que le darán primacía en el mercado. Hay necesidad de recordar que no hay fenómeno natural que no requiera su presencia decisiva (ejemplo, Acapulco).
La iniciativa privada, por su parte, retiene en su poder cientos de permisos, ya autorizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para participar en el sector. Se espera que no los use, como se sospecha, con propósitos especulativos, sino para inversiones fincadas en sus propios recursos. Hay que recordar que, en el pasado, recurrió, casi en exclusividad, a los bancos públicos de inversión.
El grado soberano alcanzado en electricidad, sin ser todavía lo deseable, ha permitido recuperar, para el Estado, un margen de maniobra suficiente. Las renegociaciones sobre grandes gasoductos, concluidas con provecho para los consumidores al principio de la esta administración, resituaron los costos programados a futuro. En cuanto a las energías renovables, que los mexicanos han adoptado como horizonte asequible, se impone una dimensionada revisión de fondo. No se trata de tecnologías baratas, como se asegura, en especial por sus interesados mercaderes. Sino de sistemas intermitentes que deben contar con respaldos muy caros. Sean éstos a partir de enormes baterías –todavía en preliminares– u otras generadoras continuas. La confiabilidad del sistema integrado mexicano, como cualquier otro, exige que estas tecnologías intermitentes no lleguen a desestabilizarlo y lo pongan en riesgo.
La integración de la matriz energética se ha cuidado en su balance. El gas ha dejado de considerarse energético sucio, pues no lo es. La experiencia europea (alemana) es aleccionadora al respecto. Aquí, en México, es usado, por empresas públicas y privadas, como el ingrediente propulsor principal de los llamados ciclos combinados. Su empleo, masivo, evoca, sin embargo, riesgos de dependencia que hay que sopesar continuamente. El incremento en su producción por parte de Petróleos Mexicanos renueva la confianza futura. Las tecnologías eólica y voltaica ocuparán lugar de privilegio, pero deberá ser cuidadosamente medida su aportación. La CFE emprendió, a pesar de sus escasos recursos, la construcción de un inmenso parque solar en el norte del país. Resta fijar la vista en las industrias de apoyo para las varias tecnologías a usarse. Ello completará la independencia buscada.
Ha sido, sin embargo, imposible normalizar el irregular mercado paralelo que inducen, en su provecho, los llamados autoabastos. El Poder Judicial interfiere priorizando los intereses particulares –especulativos– sobre el mandato constitucional. Este tipo de litigios no deberá continuar. La reforma legislativa es, por tanto, indispensable tarea.
