Lima. Un equipo de fiscales detuvo ayer al hermano y al abogado de la mandataria peruana Dina Boluarte, a quienes se les imputa cargos de organización criminal y tráfico de influencias por presuntas intervenciones en la designación de subprefectos para financiar red criminal y lograr recolección de firmas para inscripción de un partido político vinculado a la presidenta, informó el Poder Judicial.

Nicanor Boluarte estará detenido al menos 10 días para ser investigado por supuestos delitos de tráfico de influencia y organización criminal.

En un operativo, que incluyó el allanamiento de más de 20 inmuebles, la fiscalía de casos de corrupción ingresó a la casa en Lima del hermano de la presidenta, señalado como líder de una organización criminal con influencia para nombrar altos cargos en el poder, mostraron imágenes de la televisión local.

En otro punto de la ciudad, el equipo de fiscales y la policía incursionaron en la vivienda del abogado Mateo Castañeda, acusado de entorpecer las investigaciones.

La mandataria, quien participó en un foro internacional en Lima sobre democracia, afirmó en un discurso que confía en la justicia del país, sin referirse directamente a la actuación de la fiscalía y la policía, que aún se desarrollaba.

El Poder Judicial informó en la red social X que se dictó la detención preliminar contra Nicanor Boluarte Zegarra y otros por el plazo de 10 días, en investigación por organización criminal, agregando que se autorizó el allanamiento de sus viviendas con fines de registros personales. Soy inocente y niego absolutamente todo, dijo Boluarte, mientras era trasladado por la policía a una dependencia judicial.

La fiscalía indicó que la pesquisa generó otros seis arrestos de involucrados en el caso, además del allanamiento, descerraje, e incautaciones en 26 inmuebles en Lima y otras tres regiones del país.

El operativo se conoce luego de que el Ministerio de Interior de-sactivó el jueves la formación de un reconocido grupo policial que apoyaba al equipo de fiscales que investiga casos de corrupción de altos funcionarios, en un golpe en la lucha contra este flagelo, según analistas y la oposición, alegando duplicidad de funciones con otros agentes que trabajan con el Ministerio Público. Por esta razón, la fiscalía abrió ayer una nueva investigación judicial contra la presidenta Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz.