l director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó un informe sobre la situación actual y el futuro de la empresa del Estado. Su comparecencia en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador ilustró tanto los esfuerzos del gobierno federal para poner en pie a la mayor compañía del país, como el sistemático desmantelamiento y saqueo del patrimonio nacional perpetrado durante los sexenios anteriores. En particular, resaltó el impacto de la corrupción en las finanzas de Pemex, así como las redes de complicidad y conflictos de intereses entre funcionarios, empresarios y poderes fácticos que critican con ferocidad a la presente administración.
Los datos estadísticos desplegados en Palacio Nacional son elocuentes: hasta 2018 hubo una desinversión deliberada con el fin de paralizar e inutilizar a la empresa y entregar el sector energético a transnacionales privadas. Asimismo, se dejó crecer la deuda con una irresponsabilidad que sólo puede explicarse por el afán de volverla inviable. Cuando se invirtió, fue de manera corrupta, con contratos leoninos, injustificablemente favorables para los contratistas y lesivos para México. Romero Oropeza proporcionó algunos ejemplos sintomáticos: durante cinco años se pagó por la renta de un ducto que conducía a un campo de gas que nunca se desarrolló, con un dispendio de 4.2 millones de dólares. El contrato tenía vigencia de 20 años, pero la actual dirección de Pemex lo detectó y canceló, con lo que recuperó 300 millones de dólares de todos los mexicanos. Para la construcción de un complejo procesador se firmó un contrato en el cual se estipulaba que Pemex regalaba los terrenos al particular, se obligaba a venderle la materia prima a precios por debajo del mercado y a comprarle su producción a costos por encima del mercado. Si la firma del Estado faltaba a sus compromisos sufría penalizaciones, pero la compañía privada podía incumplir sin costo alguno.
Es evidente que ninguna empresa puede sobrevivir a este tipo de quebrantos, pero el discurso neoliberal insistió en la especie de que la mala situación de Pemex se debía a que las firmas de propiedad estatal son intrínsecamente inviables, sin mencionar a los parásitos privados que succionaron sus recursos. Sea por mero fanatismo ideológico o por intereses pecuniarios, comentócratas, voceros autonombrados de la sociedad civil y académicos de derecha han instalado entre la ciudadanía el mito de que Pemex es una carga financiera para México, por lo que su privatización daría alivio a las finanzas públicas y liberaría recursos que podrían emplearse en atender las urgentes necesidades de la población. Nada más alejado de la realidad. En los últimos cinco años, la empresa pagó al país 4 billones (millones de millones) de pesos en concepto de impuestos y derechos federales, mientras que recibió transferencias por 952 mil millones para el pago de su deuda y construcción de infraestructura: es decir, Pemex contribuyó con más de 3 billones de pesos a la hacienda pública, lo que supera la contribución de cualquier otra firma. Está claro que, si Pemex se privatizara, todo ese capital que actualmente aporta se fugaría en forma de ganancias para propietarios y accionistas, dejando a millones de mexicanos sin educación, salud, obra pública y sin los programas sociales que han tenido un papel central en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Cabe congratularse de que la empresa insignia de México esté de nueva cuenta en pie, funcionando tal como la concibió el presidente Lázaro Cárdenas: como una palanca del desarrollo nacional al servicio de todos los mexicanos, como un baluarte de la soberanía y un motivo de orgullo y unidad.
