ace 34 años, la Organización Mundial de la Salud confirmó que la homosexualidad no es una enfermedad. Fue una manera clara de condenar las llamadas terapias de conversión. Además, en 2012, la Organización Panamericana de la Salud expresó que dichas terapias no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas.

Agrupaciones vinculadas con la Iglesia católica suelen promover cursos, retiros espirituales, terapias siquiátricas y/o sicológicas para curar la homosexualidad. Con tal finalidad utilizan medicamentos, violencia verbal, abuso sexual y electrochoques. A ellas han sido sometidos jóvenes cuyas familias han confiado a dichas organizaciones la curación de la enfermedad de la homosexualidad que padecen sus hijos.

Por considerarlas denigrantes, inhumanas y crueles, están prohibidas en muchos países. Brasil fue el primero en hacerlo hace 25 años. Luego, Ecuador, Malta, Alemania, Francia, Canadá, Grecia, Nueva Zelanda, Chipre, Islandia y España. Una veintena más tiene en su agenda hacerlo.

Hace cuatro años lo hizo la Ciudad de México y, posteriormente, otras 13 entidades, como Oaxaca, Baja California Sur y Jalisco. En otras 14 hay iniciativas en tal sentido pendientes de aprobar. El pasado 22 de marzo, finalmente la Cámara de Diputados aprobó la legislación que prohíbe a escala nacional las terapias de conversión y sanciona penalmente a quienes las lleven a cabo. La iniciativa estaba en discusión desde 2022, y a ella se opusieron siempre los integrantes del Partido Acción Nacional.

Ahora se sancionará con dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique obligue o financie cualquier tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, y serán más años cuando se apliquen contra menores, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.

Además, los profesionales de la salud que impartan, apliquen, obliguen o financien estos tratamientos serán suspendidos de su ejercicio profesional de uno a tres años.

La nueva legislación es un paso más en pro del respeto a la diversidad sexual.