La regulación de la comunicación satelital en el país, un sector considerado oficialmente como relevante para el crecimiento y desarrollo del país, es competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no del gobierno federal, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pleno del máximo tribunal resolvió una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia y rechazó argumentos sobre que era facultad del Ejecutivo hacer la reglamentación sobre este tema.

La comunicación satelital, al utilizar como medio el espectro radioeléctrico, entra dentro de la materia de regulación del Instituto, que es, conforme al artículo 28 constitucional, el que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, explicó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Los 128 operadores de servicios de telecomunicaciones vía satélite generan una actividad con valor de 410 mil 884 millones de pesos, de acuerdo con cálculos del IFT.

Con su resolución de ayer, la SCJN avaló el acuerdo mediante el cual el pleno del IFT emite las disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite publicado el 23 de enero de 2023 e impugnado por el gobierno federal.

El organismo autónomo afirma que emitió las nuevas reglas con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y en sus propios estatutos.

En tanto, el Poder Ejecutivo acusó que el IFT modificó un reglamento vigente desde 1997, expedido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sostuvo que con ello invadió las facultades presidenciales y del Congreso.

Coincido en que el numeral impugnado no interfiere con la facultad del Ejecutivo para establecer políticas que promuevan capacidad de servicios satelitales para redes de seguridad nacional, administrar y vigilar el uso y capacidad satelital propia o definir la capacidad que se requiera de dichos concesionarios de recursos orbitales, destacó la ministra Lenia Batres.