l Fondo de Pensiones para el Bienestar pasó la primera aduana legislativa (Cámara de Diputados, aprobado con 251 votos en favor, 199 en contra y cuatro abstenciones) y se puede adelantar que sucederá lo mismo en la segunda (Senado de la República, que ya recibió la minuta), de tal suerte que, a pesar de los propagandísticos gritos y sombrerazos de la oposición, esa reforma promovida por el presidente López Obrador corrige un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal (él mismo dixit), toda vez que fueron Ernesto Zedillo (Ley del IMSS) y Felipe Calderón (Ley del Issste) quienes condenaron a los aún jóvenes mexicanos a recibir, si bien les iba y en el mejor de los casos, una pensión miserable.

Su aprobación en primera instancia también es un recordatorio, por decirlo suave, a los dueños de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) que sí o sí deben entregar al gobierno mexicano más de 41 mil millones de pesos que ilegalmente jinetean desde 2020 (por cuentas inactivas no reclamadas.

Días atrás, el director general del IMSS, Zoé robledo, lo explicó así: el número de cuentas no reclamadas (luego de 10 años) que deben entregar a esa institución suma 259 mil 945, mismas que acumulan un monto de 41 mil 541 millones de pesos. Esta es la cantidad que los dueños de las 10 Afore en operación están obligados a depositar en el Seguro Social, pero en los hechos de ese total solo han entregado 946 millones 176 mil 804 pesos, es decir, apenas 2 por ciento de lo que la ley los obliga. Lo demás lo jinetean a su favor.

Algo más: las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma de 2020 estableció que una persona que no reclama, por cualquier razón, después de 10 años su cuenta ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las Afore tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver.

Pero los barones de las Afore (entre ellos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank Rhon, Caros Slim y la familia Bailleres) desde 2020 se han negado a depositar ese dinero en el IMSS, para lo cual han utilizado a sus respectivos ejércitos de abogados. Sin embargo, con la aprobación (en primera instancia) del Fondo de Pensiones para el Bienestar no habrá pretexto que valga ni leguleyos que lo impidan.

Tras la votación en San Lázaro, el mandatario dijo que es muy bueno, por tratarse de un asunto que beneficia a millones de trabajadores. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces aprobaron lo de Zedillo y Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar, esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y que no se dejen engañar, porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Y los conservadores, opositores corruptos están queriendo manipular.

Algo más dijo el mandatario: es un derecho que tienen porque trabajaron muchos años, y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hicieron Zedillo y Calderón, y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores. Y que, además, también reciban este apoyo, se junten las dos, y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal, quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil. Por las reformas de Zedillo y de Calderón, el que ganaba 10 se iba a jubilar con 2 mil 700.

Esas reformas permitieron “la privatización del manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno y aquí dijeron ‘vamos a privatizarlas todo’, porque esa era la moda en el mundo, privatizar todo”. Pero se acabó, y no hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, sólo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos.

Las rebanadas del pastel

Desde 1977, el Departamento de Estado publica su Informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo, aunque el único país que nunca aparece en la evaluación (una herramienta de presión y chantaje, en realidad) es… Estados Unidos, violador serial de aquellos (sea interna o externamente). Sobre el particular, el presidente López Obrador dijo: nosotros no emitimos una carta de buena conducta, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe.

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