Santiago. Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la organización autonomista mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue declarado culpable por un tribunal chileno de los delitos de usurpación violenta, hurto simple, atentado a mano armada contra la autoridad, incitación contra el orden público y la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La sentencia se conocerá el 7 de mayo.

El Ministerio Público pide una pena de 25 años de prisión.

Llaitul fundó la CAM hace 25 años, grupo insurgente que optó por todas las formas de lucha, incluida la armada, en contra de conglomerados forestales que explotan las tierras indígenas ancestrales –el Wallmapu o país mapuche–, así como contra el Estado chileno por la recuperación de aquellas y obtención de autonomía.

Toda la fuerza del Estado por choque de culturas

Antes de que el Tribunal Oral Penal de Temuco, ciudad capital de la Región de la Araucanía, en el corazón del Wallmapu, anunciara el veredicto, Llaitul habló para abogar por su absolución, si bien no expresó duda acerca de que seguramente esta será una condena en la cual yo reciba toda la fuerza del Estado por este mismo choque de cultura, de que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanente, auguró.

Tiene que ver con esta imposibilidad de entendimiento entre lo que es la causa mapuche, porque se trata de un pueblo en movimiento por sus derechos fundamentales, y el Estado chileno, agregó.

Dijo tener certeza de que su defensa “desarmó toda la prueba, toda la argumentación y llegamos a la convicción de que para condenar a alguien no es suficiente la subjetividad de la Fiscalía“.

También denunció que el pueblo nación mapuche es uno de los más maltratados en América Latina y así está registrado a nivel internacional, ni siquiera hay reconocimiento constitucional y que la negación de derechos fundamentales ha generado las bases materiales subjetivas, ideológicas y culturales de un conflicto histórico.

El dirigente está preso desde agosto de 2022, cuando fue capturado pacíficamente en un restaurante en la localidad de Cañete, en la Araucanía.

A la vez, sectores empresariales y grupos de la derecha política del país, que lo identifican como terrorista, reaccionaron con expresiones de satisfacción por el fallo judicial.