Quito. Si algún mensaje quiso mandar al resto del planeta Daniel Noboa, en particular, a las trasnacionales y a los grupos de presión mundial, con la pregunta E del referendo, el domingo quedó mucho más solo y ahora le espera el juicio instaurado por México en la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas.

La pregunta fue: ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?. Y hasta el cierre de esta edición, la votación en contra había sumado 65 por ciento, frente a 35 por ciento de apoyo a la tesis de Noboa.

Incluso para quienes votaron por el presidente actual, en agosto y octubre del año pasado, el resultado de la Consulta Popular y el Referendo fue el rechazo a una estrategia que sólo apuntaba a un reconocimiento de la labor de Noboa ya como presidente y con ello apuntalar su campaña electoral de 2025, pero le falló.

De hecho, de ganar esa pregunta, el riesgo mayor que apuntaron los expertos es la cascada de demandas que llegarían desde empresas extranjeras hacia las instancias de arbitraje internacional y con ello Ecuador tendría que pagar miles de millones de dólares. El caso paradigmático es el del juicio contra la petrolera Chevron, que debía pagar 9 mil 500 millones de dólares por daños ambientales y reparación a las comunidades indígenas de la Amazonia, en un proceso que lleva más de 20 años. Pero, en septiembre de 2020, en plena pandemia, un tribunal de La Haya falló a favor de Chevron Corporation confirmando un laudo arbitral parcial de 2018 dictado por un tribunal internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje.

Y si esto ocurrió con la prohibición constitucional, el comentario es que si se apoyaba la propuesta las acciones legales se habrían incrementado notablemente. Incluso, desde la versión oficial de Chevron, en el laudo, emitido de conformidad con el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, el tribunal de arbitraje internacional determinó que la sentencia obtenida en tribunales ecuatorianos contra Chevron de 9 mil 500 millones de dólares incluyó, entre otros, fraude y corrupción y que era inaplicable en virtud del derecho internacional.

Entonces, esa decisión está en el limbo, como otras más, de menor cantidad de dinero, pero igualmente significativas para una economía en crisis de liquidez. Incluso, los más críticos con esa pregunta apuntaban a las empresas de la familia de Noboa que están inscritas en el exterior y que habrían podido iniciar acciones contra Ecuador en caso de ganar esa pregunta. Y por lo mismo, se considera una derrota para los intereses económicos de los grandes grupos empresariales que tienen, incluso, inscritas sus empresas en paraísos fiscales.

De ahí se puede colegir el silencio del propio Noboa sobre el resultado en ese tema. Ayer, en su cuenta de X sólo puso el siguiente mensaje: “Gracias Ecuador por su amplio respaldo a una política de seguridad y lucha contra la corrupción que está dando resultados como la captura de Colón Pico (uno de los delincuentes más buscados y que se fugó de la cárcel ya con Noboa en la presidencia). Gracias a la valentía de los ecuatorianos se le ha devuelto la dignidad a nuestro país. Vivimos situaciones difíciles, pero tengo la certeza que estamos yendo en la dirección correcta. Ecuador ha hablado, nuestro siguiente paso será seguir trabajando aún más duro que ayer”.

Y respecto a la otra pregunta polémica tampoco se refirió. La pregunta E de la consulta fue: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Y el resultado hasta el cierre de esta edición era: 70 por ciento en contra y 30 por ciento a favor, lo cual fue una derrota contundente para los intereses de los sectores empresariales que apuntaban a esta reforma constitucional desde que se prohibió la llamada tercerización laboral y el trabajo precario con la llegada al poder de Rafael Correa en 2007.

Para la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el resultado fue un triunfo de su gobierno, pues la gente ya tiene herramientas jurídicas para acceder al empleo. Declaración que ha sido sumamente criticada porque, al contrario, en el último cuatrimestre se han perdido más de 50 mil empleos, según los mismos datos oficiales.

Por lo pronto, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Sí se impuso en las otras tres preguntas de referendo. Con este resultado se daría paso a la extradición de ecuatorianos al extranjero, a la presencia de militares en las calles y al nombramiento de jueces especializados en acciones constitucionales. Por tanto, la Asamblea Nacional deberá dar trámite para, fundamentalmente, dar mayores atribuciones legales a los militares en la lucha contra la inseguridad, apoyando las tareas de la policía.