Quito. El asesinato del alcalde de la ciudad de Portovelo, Jorge Maldonado, en las primera horas de ayer, en un ataque armado, redita el temor ciudadano de ir a las urnas mañana, en medio de la zozobra, como en las presidenciales de 2023. A ello se suma que hay programados cortes de la electricidad que terminarán hoy, pero nadie asegura que no habrá interrupciones durante el proceso electoral, dentro de la crisis energética que agobia a Ecuador desde hace una semana.

El homicidio contra Maldonado ocurrió dos días después de que, en Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, el alcalde José Sánchez fue asesinado en un atentado. Las dos poblaciones (Portovelo y Camilo Ponce) están afincadas en zonas mineras, donde opera la banda delictiva de Los Lobos.

Creciente violencia

En lo que va de este año, tres alcaldes han sido asesinados. En este grupo se incluye a Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, provincia de Manabí, quien perdió la vida el pasado 24 de marzo. Y en el proceso electoral de 2023 fueron ultimados dos alcaldes y el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En este panorama, los apagones han perturbado, además, la consulta popular; la protesta ciudadana se intensifica por la falta de planificación frente a un estiaje previsto desde octubre; las implicaciones en la producción, en los servicios y en los mismos hogares, con cortes de energía que en algunas zonas han superado las 12 horas diarias. De todos modos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aseguró que habrá energía eléctrica estable en las delegaciones provinciales durante las votaciones de consulta popular y referéndum de mañana, pues el presidente (Daniel Noboa) nos ha garantizado que no se darán apagones para el día domingo, de ninguna manera.

Aunque, en el caso de que se registren cortes de luz, todas las delegaciones provinciales del CNE cuentan con una planta de generación eléctrica, en algunos casos propias y en otros casos arrendadas.

Alrededor de 13 millones de ecuatorianos irían a las urnas hoy desde las 7 y hasta las 17:00 horas. Y, si se garantiza el fluido eléctrico, la concurrencia podría ser normal, en un país en el cual el voto es obligatorio. De lo contrario, de no poder asistir, la ley contempla una multa que corresponde a 10 por ciento del salario básico unificado (SBU), eso es de 46 dólares.

El hecho particular de esta consulta popular es que ocurre en medio de una declaratoria de conflicto armado interno, el cual rige desde el pasado 9 de enero, tras varios hechos violentos. Así, el control callejero y de cárceles están bajo presencia activa de los militares, que normalmente participan en los comicios en calidad de apoyo, pero en esta ocasión pueden actuar como gendarmes del orden, detener y responder con sus armas de fuego si fuese el caso.

Los ecuatorianos deben pronunciarse sí o no en 11 preguntas: seis de la consulta popular para reformar leyes sin cambiar la Constitución, y cinco preguntas de referendo constitucional para modificar artículos de la Carta Magna de 2008, todas enfocadas en las áreas de seguridad, justicia, empleo y arbitrajes internacionales.