A unos meses de que concluya la presente administración del gobierno federal, el Estado mexicano sigue sin cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, lamentó Gilberto López y Rivas, antropólogo y colaborador de La Jornada.

En un foro para conmemorar los 30 años del levantamiento zapatista, expuso que esta negativa tuvo que ver con que el gobierno no quiere conceder a un grupo armado del carácter y la naturaleza del EZLN, la victoria política de lograr una profunda reforma constitucional en torno a los derechos de los pueblos indígenas de México. Tampoco, aseveró, el gobierno desea alentar que el ejemplo de los zapatistas sea seguido por los pueblos indígenas, así como por otros sujetos políticos de la sociedad mexicana.

En el Centro Cultural Universitario de la UNAM, planteó que para el partido de Estado, el PRI, que predominó durante 70 años, las autonomías rompen con las relaciones corporativas y clientelares que los aparatos gubernamentales impusieron por décadas a las comunidades originarias.

Otra de las razones por las que el Estado mexicano ha incumplido los acuerdos suscritos entre el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996 es porque consideran a las comunidades indígenas un obstáculo para el libre acceso del capital a los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, señaló López y Rivas.

Por su parte, el coordinador de Opinión de esta casa editorial, Luis Hernández Navarro, destacó que el levantamiento zapatista provocó una enorme oleada de movilizaciones y luchas ciudadanas que descarriló, por lo menos temporalmente, el proyecto salinista de modernización económica sin transformación política.

Recalcó que con los Acuerdos de San Andrés se tuvo la capacidad de construir un documento de consenso que ponía en el centro la elaboración de un nuevo pacto entre estados, pueblos indígenas y sociedad, que tenía como corazón el reconocimiento de los pueblos como tales, como sujetos históricos y el ejercicio de la libre determinación y la autonomía interna.