El sector asegurador planteó al próximo gobierno una serie de acciones para un México asegurado.

Este país es el único de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no tiene una política de protección generalizada a víctimas de siniestros viales, pese a que los incidentes de tránsito son una de las 10 principales causas de muerte entre la población mexicana, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Cada año, los accidentes viales representan para el erario un costo de 32 mil millones de pesos.

Con el seguro de protección a víctimas estos recursos podrían optimizarse y emplearse en otras necesidades más apremiantes, aseguró Juan Patricio Riveroll, presidente de la AMIS.

En la 33 Convención de Aseguradoras y de cara a una nueva administración federal a partir del primero de octubre, el presidente de la AMIS propuso homologar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que sea obligatorio en todo el territorio nacional el Seguro de Responsabilidad Civil, así como incluir mecanismos de fiscalización del Seguro de Responsabilidad Civil.

Por otra parte, la población de México está envejeciendo y gran parte padece enfermedades crónico-degenerativas que demandan atención médica especializada.

Por ello, buscamos promover la participación de los seguros privados en el financiamiento de la salud y como complemento de los servicios públicos para reducir el gasto de bolsillo, impulsar normas que garanticen la seguridad, la disponibilidad y la información suficiente para el paciente en el ámbito privado, así como incrementar el acceso a los servicios de salud a todos los estratos de la población, coadyuvando con el gobierno mediante el impulso de regulaciones que faciliten este apoyo, destacó Riveroll.

La AMIS, integrada por 85 compañías de seguros en México, consideró que es necesario impulsar mecanismos de promoción del aseguramiento voluntario de empresas y familias mediante estrategias conjuntas con el sector público.

Sesenta por ciento de la población económicamente activa (PEA) trabaja de manera independiente y no cuenta con mecanismos que fomenten el ahorro para su retiro; por eso proponemos ampliar el alcance y las modalidades de las rentas vitalicias que permitan diversificar la oferta, la promoción y estímulo de los planes personales de retiro que complementen los esfuerzos realizados por la seguridad social.

En cuanto a los estragos que causó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, en octubre pasado, la AMIS señaló que las aseguradoras pagarán alrededor de 2 mil millones de dólares (alrededor de 38 mil millones de pesos).

Destacó que ya se entregaron cerca de 13 mil millones de pesos y que en unos cinco meses estarán cubiertos todos los pagos.