Un tribunal colegiado le concedió una amparo a Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contra el auto de vinculación a proceso que un juez dictó por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades.

Los efectos de la medida cautelar son para que un juez de control deje insubsistente el acto reclamado y se pronuncie por dictar auto de no vinculación a proceso a la quejosa.

Los magistrados Reynaldo Manuel Reyes, Rosas Elisa Macrina Álvarez Castro y Carlos López Cruz argumentaron que si lo indebido de la conducta de Arrieta es por no acatar lo establecido en un reglamento y en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (Pobalines), como lo sostuvo la autoridad responsable, es indudable que en la especie no está acreditado el elemento normativo de valoración jurídica de referencia, como tampoco se cuenta con datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que la quejosa lo cometió o participó en su comisión.

Por ello, los impartidores de justicia declararon infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesta por el director general Jurídico, en representación de la Audi-toría Superior de la Federación.

El tribunal colegiado revocó el fallo del juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, quien le negó la protección de la justicia federal.

La autoridades acusan a Wendy Gabriela Arrieta Camacho de haber firmado un contrato por 23 millones de pesos con una universidad pública. En todo siguió su proceso en libertad provisional, aunque el juez de control le prohibió salir del país.

El año pasado, la Fiscalía General de la República la imputó por supuestamente haber suscrito el anexo técnico 3 del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la dependencia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante la gestión de Rosario Robles como titular de la Sedesol.

Para las autoridades fue un contrato indebido, ya que las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero, pero pagó 21 millones 333 mil pesos a Fralo Soluciones Tecnológicas, más de 92 por ciento.