A pesar del empeño y los logros de la actual administración en contra del robo de combustible, este delito ha persistido con la participación y complicidad entre trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) e integrantes de la delincuencia organizada; por ello, el pasado 10 de marzo un juez de control vinculó a proceso a 20 empleados de la empresa del Estado que laboraban en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Durango, entre ellos un superintendente y una jefa de operaciones.

De acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación (PJF) la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FECC) ejercitó acción penal en contra de los ex empleados de Pemex por su presunta responsabilidad en lo establecido en los artículos 8 fracción I y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos (sustracción ilícita de petrolíferos).

De acuerdo con los resultados de la revisión a la cuenta pública 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), publicados en la Auditoría de Desempeño 2019-6-90T9N-07-0412-2020412-DE, se considera que durante los últimos años el robo de combustible en los ductos de Pemex ha sido uno de los delitos de mayor impacto para la industria petrolera nacional y provocó daños económicos al Estado por 39.4 mil millones de pesos.

Datos del PJF señalan que el pasado 9 y 10 de marzo se llevó a cabo una audiencia inicial en la cual personal de la FECC –que encabeza María de la Luz Mijangos Borja–, formuló imputación dentro de la causa penal 46/2023 y que la diligencia judicial se extendió por más de 24 horas, ya que se presentaron las evidencias que muestran la participación de cada uno de los empleados de Pemex en la obtención ilegal de combustible de los tanques de almacenamiento, la colocación de los distintos combustibles en pipas de la institución, la falta de certificación de las cargas y la comprobación de los movimientos que concluyeron con la venta irregular de gasolina y otros hidrocarburos a estaciones de servicio.

En este caso, el órgano de la Fiscalía General de la República (FGR) pudo presentar evidencias para que el juez de control decretara auto de vinculación a proceso contra 18 empleados de Pemex que tenían funciones asignadas como choferes, cobradores, despachadores, agentes de venta y portero de la TAD Durango.

Asimismo, las constancias judiciales señalan que se inició proceso en contra de un superintendente y la jefa de Operaciones de la TAD Durango por el delito previsto en el artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, que sanciona a estos altos mandos por no presentar la denuncia del robo de combustible ante las autoridades, a pesar de tener conocimiento de ello.

La TAD Durango abastece a estaciones de servicio en los municipios de Pueblo Nuevo, San Dimas, Súchil, Vicente Guerrero, Poanas, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Canatlán, San Juan del Río, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Topia, Tepehuanes y Guanaceví.