Sólo la transparencia puede evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) funcione como agencia de empresas o despachos para negocios privados, y exhibir la ausencia de tabla rasa para juzgar los diferentes asuntos a cargo del máximo tribunal del país, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En un acto inédito en la Corte, Lenia Batres presentó su ejercicio de rendición de cuentas correspondiente al primer cuatrimestre de labores 2024 y, sostuvo que es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que la Corte se democratice..

La ministra habló ante diputados, senadores, representantes de organizaciones sociales, así como integrantes del PJF, como la consejera Celia Maya García, a quien expresó su solidaridad por el trabajo que desarrolla en la Judicatura Federal; esto, luego de que en días pasados, por votación de cuatro contra tres, se impidió que se aprobara una reforma que quita a la Comisión de Adscripciones la facultad de designar libremente los juzgados y tribunales que deben ocupar jueces y magistrados.

Durante el evento realizado en la sede de la SCJN, Lenia Batres informó que en cumplimiento a su compromiso de austeridad, en total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, he ahorrado a esta Suprema Corte un gasto de 962 mil 492 pesos, que al 15 de abril próximo, cuando se cumplen los cuatro meses a los que corresponde este informe, ascenderá a un millón 198 mil 363 pesos, con lo que pueden pagarse 100 pensiones para adultos mayores durante cuatro meses.

Refirió que el máximo tribunal del país ha llevado a cabo una anulación de leyes argumentando una supuesta falta de cumplimiento al proceso legislativo, lo que que lacera la democracia y el equilibrio de poderes de nuestro país.

Explicó: la Corte invalida y los juzgados de distrito de todo el país inaplican leyes cuya deliberación no se realizó conforme a estos criterios, absolutamente arbitrarios. Tanto que cuando se resuelve se indica si para el o la juzgadora el proceso legislativo contiene o no potencial invalidante.

Pues, añadió, el resultado es que la Corte ha terminado imponiendo las reglas de funcionamiento de los congresos de los estados y de la Federación, a tal grado que ha ordenado que mayorías y minorías deben funcionar en condiciones de igualdad, con lo que se descalifica la principal cualidad que debe sostener una democracia, que es la preeminencia de la mayoría.