Madrid. Antonia Laporte es una ciudadana española de origen chileno que hace más de cuatro décadas se asentó en Madrid, en una corrala (vecindario) en el corazón de la ciudad, en el barrio de Lavapiés. Vivía hasta ahora con un régimen de alquiler de renta de antigua, pero todo cambió con la irrupción de un fondo buitre de inversión, Elix Rental Housing Socimi II, que ahora amenaza el futuro de 54 familias que residían en el bloque de viviendas de la calle Tribulete.

En el lado opuesto está Caroline Pollock, una alta ejecutiva de una empresa de la cuarta generación tecnológica, procedente de Miami, que vive desde hace seis meses en la capital española, en pleno centro de la ciudad y pagando un alquiler que supera los 4 mil euros (72 mil pesos).

Ambos casos reflejan la realidad actual del mercado de la vivienda de alquiler en España, colapsada por los altos precios, pero también por el auge de las viviendas de alquiler turístico, por la masiva afluencia de visitantes foráneos y por los llamados nómadas digitales.

Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia y Sevilla se han convertido en algunos de los sitios preferidos para visitar o residir, ya sea como nómada digital, estudiante de mediano plazo o migrante que busca labrarse un mejor futuro.

De ahí que no sólo estén proliferando en las principales ciudades del país los llamados pisos de alquiler turístico, sino también los departamentos destinados a inquilinos de media estancia o en su defecto, a estudiantes que vienen a cursar uno o varios semestres de la universidad o estudios de posgrado.

Son miles y miles de personas que proceden de numerosos países, pero sobre todo de América Latina, de Estados Unidos (muchos de ellos de Miami) y de otros países europeos amparados por el plan de estudios comunitario Erasmus.

Una de las afectadas directas de esta nueva realidad es Laporte, que afronta un inminente desahucio junto con otras 54 familias, que están viendo como se agotan sus recursos legales frente a un todopoderoso fondo de inversión.

Y su protesta es imaginativa, con la intención de llamar la atención de una opinión pública cada vez más indiferente a este drama de la vivienda. En las jornadas de protesta en cada casa dieron un concierto diferente de forma simultánea; en la vivienda de una familia de origen latinoamericano se ofreció un concierto de cumbia, en la de una familia gitana tocaron músicos flamencos, pero también se escucharon tonadas balcánicas en el hogar de una familia del este de Europa, o letras de Violeta Parra en la de Laporte. Y , para finalizar, los músicos de estos diferentes géneros se unieron desde los balcones para ofrecer una última pieza musical, para simbolizar esa hermandad entre culturas tan característica del bloque y por extensión del barrio de Lavapiés, que ahora ven amenazado por la proliferación de pisos turísticos comprados y administrados por fondos buitres de inversión.

El pasado 15 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó por primera vez el índice de precios de referencia para limitar las rentas del alquiler en zonas declaradas como áreas tensionadas. Este índice es un sistema de rangos de precios que establece una renta máxima y mínima para una misma vivienda a partir de ciertas características del inmueble. Una referencia que es de obligado cumplimiento para grandes tenedores y nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan sido arrendadas en los recientes cinco años y se encuentren en zonas que hayan sido declaradas tensionadas.

▲ Varias movilizaciones han exigido a las autoridades su intervención contra la especulación inmobiliaria que está acabando con los barrios de vecinos en ciudades españolas.Foto de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía.

Esta pretende ser una herramienta para evitar la espiral especulativa en rentas que se vive actualmente, pero es una medida de acatamiento voluntario para las comunidades autónomas y hasta la fecha ninguna de las gobernadas por la derecha (13 de las 17) han querido sumarse a la iniciativa.

A pesar de que el objetivo es garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a precio asequible, este sistema sigue siendo un mero decorado en la realidad diaria del mercado de la vivienda, tanto de alquiler como del sistema público.

Por ejemplo, en la comunidad andaluza no se espera que se declaren zonas de mercado tensionado, ya que desde la Junta de Andalucía se considera que es una invasión directa de las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda y del derecho de propiedad. Mientras en la Comunidad de Madrid se rechazó el nuevo índice de precios de referencia para controlar el precio de los alquileres y no declarará zonas tensionadas en ningún municipio de la región, ya que consideran que esta es una medida intervencionista y conllevaría una mayor alza de los precios.

Jorge Rodrigo, consejero autonómico de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, declaró que rechazamos esta petición porque consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va en contra de la oferta de vivienda de alquiler.

“Lavapiés es uno de los barrios más castizos y multiculturales de Madrid. Un barrio habitado mayoritariamente por clase trabajadora y que está perdiendo buena parte de su población por la proliferación de pisos turísticos ilegales que están generando un deterioro de la convivencia en las comunidades de vecinos, la expulsión de sus residentes, las transformaciones de sus comercios de proximidad y el encarecimiento de la vivienda.

La especulación inmobiliaria está expulsando a muchos vecinos de sus casas. Uno de los bloques amenazados por los fondos buitres es el mío, Tribulete 7. Somos más de 50 familias. Nos encontramos absolutamente indefensos ante este tipo de fondos”, relató el vecino de Laporte y vocero de la Asociación de Vecinos La Corrala Latina-Rastro, Antolín Sánchez.

El auge de los nómadas digitales, como la ejecutiva Caroline Pollock o de estudiantes temporales de universidades como Stanford, la Universidad de Nueva York o de las universidades privadas mexicanas como la Anáhuac o el Tec de Monterrey, han dificultado aún más la lucha contra los fondos buitre de estas familias. De ahí el grito desesperado de Sánchez y sus vecinos: Las familias de mi bloque vivimos en una angustia plena. Estamos esperando la llegada del famoso burofax en el que se nos va a comunicar el fin de nuestros contratos de alquiler. En mi edificio viven familias que llevan en el mismo piso desde 1981 y ahora se encuentran con que deben dejar su hogar, donde han construido su familia, donde ha nacido su hija, donde están viendo crecer a sus nietas.