a candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que emprenda una campaña para exponer que gane quien gane, los programas sociales se quedarán. En conferencia de prensa, la representante derechista presentó cuatro imágenes de anuncios espectaculares con su propuesta para dichos mensajes, las cuales fueron replicadas en redes sociales por cuentas afines a su candidatura como si se tratara de fotografías de carteles reales pagados por el INE.

En respuesta, la Comisión de dicho organismo le hizo un llamado enérgico a no utilizar el emblema del árbitro, porque genera confusión en los ciudadanos, además de afectar gravemente la confiabilidad y los principios electorales de la contienda en curso. Varios consejeros destacaron el carácter ilegal del material gráfico, afirmaron que deben existir consecuencias jurídicas e incluso hicieron referencia a la multa que amerita el mal uso de un logotipo registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del máximo órgano directivo del INE desecharon tomar medidas y únicamente aprobaron el exhorto, el cual se ha diluido con el paso de los días.

La pretensión de la ex senadora de que el ente organizador y calificador de los comicios se convierta en una agencia de publicidad a su servicio, así como el descarado uso de la identidad institucional del árbitro como parte de su campaña, son hechos de la máxima gravedad y no pueden ser vistos como simples ocurrencias. Por el contrario, son un resultado directo de la cercanía indebida y la confusión de tareas entre el INE y la oposición política, empresarial y mediática que se construyó mientras el organismo fue presidido por Lorenzo Córdova Vianello. En sus últimos años al frente del INE, y siempre acompañado por su colega Ciro Murayama, Córdova puso los recursos y la imagen del instituto al servicio del bando conservador, asistió a sus foros de manera asidua como un militante más y usó su poder para sabotear un proyecto de nación respaldado por la ciudadanía. El pasado 18 de febrero se desenmascaró de manera definitiva al fungir como orador único en el evento Marcha por nuestra democracia, impulsado por los distintos membretes que el magnate Claudio X. González ha creado para mantener unidas a las derechas en un proyecto cuyo propósito es restaurar el dominio de un sector del empresariado sobre el Estado mexicano. Es inevitable interpretar como tráfico de favores su presencia en aquel mitin, pues durante meses González organizó la defensa del dispendio y las decisiones aberrantes de Córdova.

Tras el periodo de Córdova, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parece haber tomado el testigo de trinchera de los grupos políticos derrotados en las urnas. Ayer, el magistrado y ex presidente de ese tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso que se ordene al INE revisar el último libro escrito por el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para sancionarlo como propaganda electoral, tal como pide Gálvez. La carrera de Rodríguez Mondragón está unida de manera inextricable al Partido Acción Nacional y en particular a Roberto Gil Zuarth, con quien trabajó como asesor cuando Gil era secretario privado del ex presidente Felipe Calderón. En 2012, formó parte del equipo jurídico de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, y pese a estos antecedentes el PAN logró colocarlo en el TEPJF en 2016.

En suma, si Gálvez trata de explotar a su favor la imagen de la autoridad electoral es porque hasta hace apenas unos meses dicho organismo operó desde el interior del Estado como un personero de las derechas. El INE y el TEPJF tienen dos meses para probar con actos su desvinculación del proyecto opositor y construir la credibilidad de la que hasta ahora han carecido, pues sólo de esta manera se llegará a los comicios federales con la certeza de tener árbitros imparciales que velan por la vigencia de la democracia y no por sus intereses personales o facciosos.