A un año del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y 28 resultaron heridos, no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas, sólo promesas, omisiones, simulación y un responsable (Francisco Garduño, titular del INM) vinculado a proceso en funciones, que cínicamente presume acciones de protección civil dentro de estos espacios, reprocharon organizaciones.

En un documento, 39 organizaciones consideraron que este es uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante, y es consecuencia directa de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México.

Subrayaron que no es un caso aislado: desde 2018 ha habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de detención, siendo la administración de Andrés Manuel López Obrador la que registra el mayor número de muertes de personas migrantes en custodia del instituto, con 55 decesos, frente a 16 en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Precisaron que hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, el ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien está prófugo, y Garduño Yáñez, quien sigue al frente del INM, “y en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una ‘solución alterna’, que lo absolvería de cualquier responsabilidad”.

Las organizaciones, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración, Derechos Humanos Integrales en Acción, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante Saltillo, el Grupo de Acción Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, denunciaron las prácticas del INM.

Dicho organismo no sólo estuvo a cargo del cuidado de los sobrevivientes, “revictimizándolos y amedrentándolos si aceptaban el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; también ha negociado con gobiernos, representantes de las víctimas, la reparación del daño, y anunciado montos económicos para las familias de los fallecidos –poniéndolas bajo riesgo de extorsión en sus países de origen–, sin ser su facultad, y sin que nadie frene su actuar”.

Igualmente el INM ha tratado de limpiar su imagen anunciando el pintado de estaciones migratorias.

Sobre la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalaron que ha sido laxa, y ha dejado al INM los procesos de reparación del daño. Además, ninguno de los 42 sobrevivientes ha recibido una reparación; las familias de los fallecidos sólo han firmado documentos, pero no ha concluido el proceso.