asta ayer, autoridades y ciudadanos luchaban para controlar y sofocar seis incendios en Veracruz, uno en Guanajuato y otro en Nuevo León, el primero de los cuales ha consumido más de 600 hectáreas de bosques. En el combate a las conflagraciones participan bomberos, elementos de la Guardia Nacional, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Medio Ambiente estatales, el Equipo de Manejo de Incidentes veracruzano, así como brigadistas municipales, de Petróleos Mexicanos y otras agrupaciones.
Como en otros desastres, esta serie de incendios ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad. Lo mejor, por la manera espontánea en que cientos de ciudadanos se han presentado como voluntarios para prestar ayuda, ya sea combatiendo el fuego o brindando alimentos y otros insumos a quienes lo hacen. Lo peor, por la negligencia y la irresponsabilidad criminal de quienes probablemente ocasionaron algunos de los incendios, ya fuera incinerando basura a cielo abierto (en Acapulco), realizando quemas agrícolas ilegales (en Veracruz) o manejando de manera inapropiada fogatas recreativas (en Durango, donde el daño ya es 150 por ciento mayor al padecido en el primer trimestre de 2023).
Asimismo, el gran número de dependencias de los tres niveles de gobierno que participan en los esfuerzos de control de daños tiene un aspecto virtuoso y uno inquietante. Por una parte, muestra que las autoridades movilizan todos sus recursos materiales y humanos para enfrentar estos siniestros tan dañinos. Por otra, señala la carencia de una instancia central especializada, capacitada y dotada de los elementos necesarios para combatir los incendios tan pronto se presenten en cualquier punto del territorio nacional, pues queda claro que es casi imposible coordinar en unas pocas horas a dependencias federales, estatales y municipales, así como trasladar al personal y la maquinaria a los sitios donde se les requiere con la celeridad debida.
Existen varias vías para subsanar esta ausencia, ya sea dotando a las fuerzas armadas de un mandato específico de combate de incendios forestales o creando una dependencia que se ocupe de ello. La multiplicación de estos eventos a causa del cambio climático pone una presión adicional a la necesidad de contar con un marco institucional y normativo diseñado a la medida de las condiciones geográficas mexicanas.
No puede pasarse por alto que la falta de cobertura vegetal genera un círculo vicioso de graves consecuencias para el ser humano: al perderse la vegetación que cubre el suelo, sobre todo cuando se trata de especies arbóreas, se reduce de manera dramática la captación y fijación del agua, con lo que empeora el estrés hídrico y la vegetación restante queda más expuesta a los fuegos naturales o inducidos. Esto afecta a las personas por la baja en la disponibilidad de agua tanto para actividades agrícolas e industriales como para consumo directo, pero también incrementa el riesgo de que poblaciones rurales y urbanas sean atacadas por las llamas. El público está familiarizado con las imágenes de suburbios estadunidenses, europeos y australianos consumidos por incendios descontrolados, pero en estos días habitantes y autoridades tuvieron que desplegar estrategias de contención para que dichas escenas no se vivieran en Acapulco y Veracruz.
A diferencia de fenómenos como los terremotos o los huracanes, que son res-pectivamente imprevisibles e incontrolables, en el caso de incendios es posible aminorar los daños siempre y cuando se les detecte a tiempo, se intervenga de manera oportuna y se disponga de la infraestructura, la organización y el equipamiento para afrontarlos. Por ello, es imperativo adoptar políticas de Estado dirigidas a prevenir y mitigar tales conflagraciones.
