La relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, manifestó su preocupación por la falta de incorporación de un enfoque de derechos humanos en la política migratoria de México, la cual estaría dirigida únicamente a la contención de los movimientos de personas y no a la protección de sus garantías fundamentales.

En la presentación de un informe sobre el Instituto Nacional de Migración (INM), elaborado por la Universidad Iberoamericana (Ibero), también llamó a poner fin a la militarización de la seguridad ciudadana, especialmente en torno de las políticas de control migratorio.

En México, dijo, la ley establece que el INM puede auxiliarse o coordinarse con la entonces policía federal y hoy Guardia Nacional (GN), la cual –refirió–, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del año pasado, 68.4 por ciento del total de su personal fue adscrito o asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pochak, también relatora para México de la CIDH, subrayó que las políticas migratorias centradas en la seguridad nacional no impiden ni reducen los movimientos irregulares de personas, sino que las obligan a que busquen rutas alternativas aún más alejadas, menos transitadas y más riesgosas. Ello acaba intensificando su vulnerabilidad y perpetuando el ciclo de violaciones de derechos humanos, limitando el acceso a procedimientos de protección, enfatizó.

En su participación vía virtual, indicó que la CIDH ha recibido información sobre que habrían aumentado las denuncias de violaciones a derechos humanos de personas en movilidad humana, datos que también son compartidos por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha documentado situaciones de uso desproporcionado de la fuerza en México, que implicaron detenciones arbitrarias.