Bogotá. Los problemas jurídicos que enfrentan los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias firmantes de los acuerdos de 2016 no sólo temen que se ponga en peligro la paz de Colombia, sino que cada vez más ex combatientes regresan a las armas, advirtieron los máximo jefes de la extinta guerrilla, hoy convertida en el partido político Comunes.

En una extensa entrevista en la revista Semana, de línea editorial ultraderechista, los seis integrantes de lo que en las épocas de la guerra se conocía como el secretariado, lamentaron que el instrumento de justicia transicional pactado con el gobierno de Juan Manuel Santos esté perdiendo su naturaleza y el espíritu con el que fue creado.

Conocida como JEP (justicia especial de paz), esta herramienta –en opinión de los dirigentes de Comunes– sigue abriendo macrocasos, al tiempo que cita a mandos medios y ex guerrilleros de base a comparecer sin tener en cuenta que ya los jefes reconocieron, en audiencias públicas de amplia difusión, ser los máximos responsables de crímenes de guerra a lo largo de la lucha de más de seis décadas que sostuvieron contra el Estado.

En la historia de la humanidad, no se conoce ninguna guerra en la que no se hayan cometido atrocidades, más en una confrontación de casi 60 años como la nuestra, pero ahora resulta que, según la JEP, los únicos que tienen que responder ante la sociedad somos nosotros. ¿Y quién responde por la contraparte, dónde está la reciprocidad?, preguntó Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC y ahora jefe de Comunes.

Lo ex rebeldes explicaron que ellos participaron en unas negociaciones de cinco años, cuyo final fue la firma de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos, a nombre del Estado colombiano: distinto sería si nos hubiéramos rendido, dijo Carlos Antonio Lozada, senador por Comunes y uno de los seis jefes del partido surgido tras el pacto de 2016.

Lozada agregó que la sensación de inseguridad jurídica derivada de las decisiones de la JEP ha producido un aumento en el número de firmantes que comienzan a buscar otros caminos, incluído el regreso a las armas, espinoso asunto que también fue abordado por Londoño: Si se desnaturaliza la JEP, el acuerdo de paz está en peligro, lo cual puede presionar para que muchos retomen los fusiles, expuso.

La entrevista colectiva a los ex jefes guerrilleros dejó en evidencia su afán por encontrar una fórmula que cierre el capítulo de los 60 años de guerra entre las antiguas FARC y el Estado, lo cual –afirma el tambien senador de Comunes Pablo Catatumbo– podría lograrse con la creación de un tribunal de cierre para todos los que participaron en el conflicto: altos y medios funcionarios del Estado, financiadores y creadores del paramilitarismo, ex ministros y ex gobernadores.

La alerta lanzada por el viejo secretariado de las extintas FARC surge mientras las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han entrado al congelador por acusaciones de la delegación de esta guerrilla, según las cuales el gobierno del presidente Gustavo Petro hace mesas paralelas con frentes insurgentes, desconociendo la legitimidad del Comando Central de la fuerza rebelde.

En desarrollo de su estrategia de Paz Total, el gobierno también sostiene diálogos formales de paz con dos disidencias de las FARC: la Segunda Marquetalia, creada por el comandante Iván Márquez tras un entrampamiento del gobierno de Iván Duque, y el Estado Mayor Central, integrado por insurgentes que nunca se acogieron a los acuerdos de 2016.